Urge a los grupos parlamentarios la protección efectiva e integral de las víctimas de violencia machista
El acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista es una labor prioritaria en la acción social de Cáritas. En 2024, la Confederación atendió a través de diferentes recursos y programas especializados en todo el territorio a un total de a 4.081 mujeres en esta situación, un 11,29% más que el año anterior.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cáritas insta a las Administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia de esta enorme lacra social.
“En nuestro trabajo cotidiano acompañamos a mujeres atrapadas en diversas dinámicas de violencia que, además, suelen permanecer ocultas. Esta falta de visibilidad no solo estigmatiza a quienes llegan a nuestros recursos, sino que incrementa su vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Sufrir violencia implica, entre otras consecuencias graves, aislamiento, pérdida de autoestima, frustración, problemas de salud física y mental y obstáculos para acceder al empleo, lo que finalmente limita su autonomía económica y su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas”, destaca Leticia Escutia, responsable del programa de Mujer de Cáritas Española.
“Las situaciones que más preocupan en este momento es la feminización de la pobreza que se incrementa por las situaciones de violencia. Y la dificultad de las mujeres en el acceso a derechos, sobre todo a la vivienda”, añadió.
Graves disfunciones en la protección de las mujeres
En el marco legal de protección a las víctimas de violencia machista, el legislador español ha optado por aprobar diferentes leyes en esta materia, diferenciando: la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género), las violencias sexuales (Ley Orgánica 6/2022 sobre la garantía sexual) y además cada Comunidad Autónoma cuentas con su propia legislación autonómica en materia de violencias contra la mujer.
Esta compartimentación, tal y como ha señalado el Defensor del Pueblo en su informe de 2023, tiene como consecuencia: “el establecimiento de diferentes regímenes de asistencia y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres, con desarrollos legislativos distintos. Así, dependiendo de la ley aplicable hay distintos derechos, distintos plazos para la tramitación de ayudas, distintas cuantías y distintos criterios administrativos de aplicación y de prestación de los servicios”.
Dicha fragmentación legislativa, unido a las dificultades para la “acreditación de la condición de víctima”, condición sobre la que recae el sistema de protección y reconocimiento de derechos, provoca graves disfunciones en cuanto a la protección integral a las víctimas de violencia machista. “Por ello, desde Cáritas se está trabajando con las Administraciones para dotar de coherencia práctica al ordenamiento jurídico en esta materia y no provocar desprotección a las víctimas, ni agravios comparativos en el ejercicio de derechos en función del territorio en el que se encuentren, ni de su situación administrativa”, señaló Raquel Benito, miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.
Desbloquear la ley integral contra la trata y explotación de seres humanos
En el marco de su trabajo junto a la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), Cáritas reclama al Gobierno que desbloquee el proceso legislativo para la aprobación de una ley integral que aborde todas las formas de trata y todos los tipos de explotación de seres humanos y que contribuya a la protección y garantía efectivas de los derechos de las víctimas.
Se valora positivamente las medidas legislativas, las políticas y los protocolos que el Estado español ha venido adoptando durante los últimos años para reforzar la lucha contra este grave delito. Sin embargo, el marco normativo en vigor hasta la fecha no recoge medidas que aborden de manera integral y efectiva este grave problema.
Asimismo, nuestro país tiene la obligación de trasponer, al marco normativo interno, el contenido de la nueva Directiva Europea 2024/1712, aprobada en 2024, sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Esta norma amplía las definiciones y medidas de protección ante todas las formas de explotación y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales y coordinadas. Hasta la fecha, este compromiso no se ha materializado adecuadamente en nuestro país.
España está incumpliendo así no solo con las obligaciones de la UE, sino también con las recomendaciones de diferentes instancias internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, sobre la adopción de una ley integral contra la trata y un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas.
“Por todo ello, seguimos trabajando junto a la RECTP en el contenido de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, con el objetivo de que sea aprobada cuanto antes y responda adecuadamente a las realidades y necesidades de las víctimas. Sin embargo, constatamos, en la práctica, una preocupante falta de voluntad política por parte del Ejecutivo español para avanzar en el cumplimiento de este compromiso y de sus obligaciones internacionales, ya que continúan acumulándose los retrasos e incertidumbre en dicho proceso legislativo. De esta manera, se incrementa el riesgo de que la presente legislatura finalice sin que la citada ley pueda ver la luz”, indicó.
Fuente: https://www.caritas.es/