El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Teruel ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Fundación ante la decisión del Ayuntamiento de la localidad de derribar el vestigio histórico al existir un supuesto riesgo de que se cayera
La Fundación Abogados Cristianos ha ganado la primera batalla y la Cruz de Bezas no se derribará de momento. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Fundación después de que el Ayuntamiento de la localidad hubiera decidido echar abajo el vestigio histórico al existir un supuesto riesgo de que se cayera.
El tribunal ha argumentado su decisión en que “si la cruz es demolida, será materialmente imposible devolverla a su estado original, incluso en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva”.
El consistorio del municipio turolense había adoptado la decisión apoyándose, según manifestó, en que un informe del Gobierno de Aragón reflejaba que la cruz era un “peligro medioambiental” después de que un rayo de una tormenta del pasado septiembre de 2024 impactara contra ella provocándole un destrozo en la esquina superior derecha que había dejado al aire un trozo de metal, con lo que se podía incrementar la probabilidad de que cayeran sobre el vestigio otros rayos más adelante. Sin embargo, la Fundación Abogados Cristianos refutó ese discurso presentando un vídeo grabado en los años 80 en el que se ve que el supuesto desperfecto ocasionado el año pasado, ya lo tenía en aquella época. El colectivo de letrados reunió incluso 13.000 firmas de ciudadanos que se oponen igualmente a que desaparezca la cruz. La fundación ha acusado al PP -que gobierna en la Diputación General de Aragón- de mentir al respecto del estado real de este vestigio que data de 1939 y que se levantó en conmemoración del final de la Guerra Civil española.
Además, Abogados Cristianos considera y así lo argumentó que el derribo de la Cruz de Bezas, en plena sierra de Albarracín, supondría un atentado contra el patrimonio histórico español y aragonés, amén de ser una “medida desproporcionada” ya que existen otras alternativas como la instalación de un pararrayos o incluso la reparación del daño en sí.
El Ayuntamiento tiene ahora un plazo de tres días para presentar alegaciones escritas ante la decisión judicial.