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Un informe propone reforzar la trazabilidad de los fondos contra la violencia de género

RedacciónLectura 3 min

Palacio de las Cortes, Madrid. Fotografía de archivo de Emilio J. Rodríguez Posada, CC BY-SA 2.0

Un informe de 28 páginas sobre la financiación de las políticas contra la violencia de género propone separar los fondos nacionales de los europeos, reforzar los controles de los contratos tecnológicos y establecer un plazo máximo de 60 días para resolver y abonar determinadas ayudas. El documento, titulado Informe Ley Integral de Violencia de Género 2026, se presenta bajo el nombre de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, aunque no se ha podido confirmar la autoría de esta edición ni los avales institucionales que muestra su portada.

El texto reúne un análisis presupuestario, prestaciones económicas y estadísticas judiciales del periodo 2004–2026. Su propuesta central es crear una pista de seguimiento que permita distinguir qué administración financia cada actuación, con qué programa y qué resultados obtiene. Para ello plantea identificar por separado los recursos europeos finalistas y los créditos nacionales, además de publicar información sobre las subvenciones que unas entidades trasladan a otras.

Un anexo presupuestario y controles de los contratos

Entre sus recomendaciones figura un anexo presupuestario transversal sometido a auditoría anual de la Intervención General de la Administración del Estado. El informe también propone controles técnicos independientes sobre el nivel de servicio de los contratos esenciales y vincular las transferencias territoriales a indicadores verificables, como los tiempos de atención, el funcionamiento de los centros de crisis o la inserción laboral.

El documento cifra en 5.458,50 millones de euros su agregado financiero para 2004–2025 y atribuye 579,80 millones a fondos europeos. Son cálculos del propio informe: no se ha podido reproducir íntegramente su serie presupuestaria con los documentos concretos que la sustentan. Estas cantidades no constituyen una cifra de fraude acreditado ni una fiscalización oficial de la Unión Europea.

Ayudas y coordinación entre administraciones

Otra línea de propuestas se centra en las prestaciones dirigidas a las víctimas. El texto pide un registro interoperable y cifrado entre comunidades autónomas, Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social e Intervención General para comprobar acreditaciones y evitar duplicidades indebidas. También plantea desagregar las estadísticas correspondientes a violencia de género y violencias sexuales.

Para las ayudas de pago único, propone acordar un plazo máximo vinculante de 60 días naturales que incluya tanto la resolución como el abono. Se trata de una recomendación del documento, no de un nuevo plazo legal aprobado. La continuidad de los centros de crisis tras la financiación extraordinaria europea es otra de las cuestiones incluidas en su hoja de ruta.

Costes sociales, subvenciones y estadísticas judiciales

El propio informe corrige dos planteamientos que atribuye a documentos anteriores de 2016. Por una parte, descarta interpretar como subvenciones europeas el coste socioeconómico de la violencia estimado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, EIGE. Por otra, rechaza equiparar archivos o absoluciones con denuncias falsas y descarta la conclusión anterior del 80%.

La distinción económica coincide con la naturaleza del estudio publicado por EIGE en 2021: su estimación de 366.000 millones de euros anuales para la UE incluye el impacto físico y emocional, los servicios de justicia y la pérdida de producción, entre otros conceptos. No mide dinero comunitario transferido a España. La Fiscalía General del Estado, por su parte, recogió en la presentación de su Memoria de 2025 un porcentaje del 0,0082% desde 2009 en materia de denuncias falsas, una magnitud que no debe confundirse con la proporción de procedimientos archivados.

En el ámbito de la contratación, la Fiscalía Europea confirmó el 12 de noviembre de 2026 medidas de investigación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un posible fraude que afecta a fondos europeos para pulseras telemáticas. La investigación, apoyada por la UCO e iniciada el año anterior, no acredita por sí misma las cifras ni las conclusiones del informe.

Fuentes: documento Informe Ley Integral de Violencia de Género 2026, páginas 5 y 26–28; EIGE, estudio de costes de 2021; Fiscalía General del Estado, presentación de la Memoria 2025; Fiscalía Europea, 12 de noviembre de 2026.

Imagen de archivo: Palacio de las Cortes, Madrid. Emilio J. Rodríguez Posada, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Redimensionada, sin otros cambios. No corresponde a una presentación del informe.

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