Chile, España y Brasil: la batalla cultural y la defensa de la patria

Por Hermann Hepp

Ya se cumplen siete años desde los acontecimientos de octubre de 2019, cuando Chile vivió una profunda crisis política y social que, a mi juicio, puso en peligro la continuidad de un Gobierno plenamente democrático, por el hecho de representar a una derecha de centroderecha, similar a la que representa el Partido Popular en España.

Por algo pasó lo que pasó. La derecha no supo defender sus posiciones y terminamos en manos de una izquierda que, desde mi perspectiva, llevó al país por un camino equivocado.

Fueron cuatro años muy difíciles bajo el Gobierno de Gabriel Boric. Vivimos con la incertidumbre sobre el futuro de la propiedad privada y la estabilidad del país, una preocupación que puede resultar familiar a quienes en España observan el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas.

Aquello fue una pesadilla para muchos chilenos y al país le ha costado mucho recuperarse. En el terreno económico, todavía no conseguimos salir completamente del pantano.

Por eso, espero que la derecha española pueda asumir el Gobierno y sacar a vuestra patria de esta situación. Si el señor Feijóo llega al poder, considero fundamental que alcance acuerdos con Vox. Hay momentos en que las diferencias deben quedar en segundo plano, porque el objetivo principal es sacar al país adelante.

Ese es el punto: cuando está en juego el futuro de una nación, las diferencias políticas no pueden estar por encima del interés nacional.

En Chile también hemos visto cómo las disputas dentro de la centroderecha dificultan la construcción de una alternativa sólida. Demasiadas veces, los intereses particulares y las aspiraciones por conseguir cargos terminan desplazando las preocupaciones de los ciudadanos.

Personalmente, no he recibido ninguna compensación por todo lo que perdí, como tantos otros que vieron desaparecer sus negocios y que incluso fueron amenazados con que se los quemaran. Mientras tanto, durante el Gobierno de Boric se concedieron indultos por delitos vinculados al estallido social y se otorgaron pensiones de gracia a personas reconocidas como víctimas. Son medidas distintas. A nosotros, nada.

No voy a exigir una compensación como contribuyente cuando veo la situación de las arcas fiscales. Hay momentos en la vida en que uno tiene que aprender a perder con dignidad. Pero aceptar una pérdida no significa guardar silencio ante la injusticia.

Podemos perder materialmente, pero jamás debemos renunciar a defender nuestras convicciones.

La batalla cultural está en nuestras manos. No podemos dejar esa responsabilidad exclusivamente en manos de los libertarios. Es una tarea de todos aquellos que creemos en la libertad, la propiedad privada, la justicia y el respeto por nuestras instituciones.

He tenido que asumir pérdidas importantes en mi vida, pero cuando considero que existe una injusticia, no estoy dispuesto a quedarme callado.

Brasil y la confianza en las elecciones

Lo ocurrido en Brasil me preocupa por la inseguridad jurídica y la desconfianza que puede generar una modificación del horario de votación durante la propia jornada electoral.

El 25 de octubre de 2026, una decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, prorrogó la votación hasta las 19 horas. El Tribunal Superior Electoral precisó que la medida se aplicaba únicamente a las secciones que no habían cerrado a las 17 horas. La campaña de Lula pidió una ampliación por problemas de transporte; también la de Flávio Bolsonaro solicitó más tiempo en determinados municipios por las lluvias y las dificultades de acceso.

Estos hechos no acreditan por sí solos un fraude. Las controversias sobre la decisión y sus efectos deben examinarse por las vías legales, con datos y garantías para todos los electores.

A mi juicio, las reglas deben ser claras y cualquier decisión excepcional durante una elección exige una explicación rigurosa. La confianza de los ciudadanos no puede darse por descontada.

No sé cómo reaccionaría España ante una situación de estas características, pero sí conozco la realidad chilena. Si aquí se produjera una controversia electoral de semejante magnitud, estoy convencido de que una parte importante de la derecha exigiría la revisión del proceso y recurriría a las instancias nacionales e internacionales para impugnarlo, si existieran fundamentos legales para hacerlo.

La misma exigencia de transparencia debe aplicarse a todos, sin importar a qué sector político beneficie el resultado.

En Chile, una derrota de la izquierda podría generar una fuerte reacción en las calles. Y, en mi opinión, una parte de la derecha volvería a demostrar su falta de determinación si se limitara a protestar sin llevar sus reclamaciones hasta las últimas consecuencias institucionales.

Todo esto forma parte de la batalla cultural.

Perdonen la pasión con la que hablo, pero mi postura no nace solamente de una discusión ideológica. Yo he vivido las consecuencias económicas de perderlo todo. Invertí en mi hotel, asumí cuotas y pagué remodelaciones, hasta que finalmente me quedé sin el negocio y con las obligaciones económicas que había contraído.

Por eso comprendo la frustración de quienes sienten que les han arrebatado aquello por lo que trabajaron durante años. Cuando uno vive una situación así en carne propia, entiende que detrás de cada pérdida hay esfuerzo, sacrificio y proyectos de vida.

En el caso de Brasil, considero que las dudas planteadas sobre el proceso en el que compitió Flávio Bolsonaro deben examinarse con rigor. Ni las encuestas ni las casas de apuestas constituyen por sí mismas una prueba de irregularidades. Las controversias electorales deben investigarse con seriedad cuando existen antecedentes concretos.

Las cifras y las circunstancias del proceso deben analizarse con rigor. Lo importante es que los ciudadanos puedan confiar en que las elecciones se desarrollan con reglas claras y condiciones iguales para todos.

Lo que está en juego es mucho más que una elección: es la credibilidad de las instituciones democráticas y la estabilidad política del resto de Hispanoamérica.

La decepción con los líderes internacionales

Esta situación resulta todavía más delicada porque también existe una profunda decepción con determinadas figuras de la derecha internacional.

Por una parte, está Donald Trump, cuya conducta considero errática y perjudicial para sus propios aliados. Sus decisiones comerciales y las amenazas de aumentar los aranceles a países con los que Estados Unidos mantiene relaciones económicas estrechas generan incertidumbre. Si existen tratados de libre comercio, deben respetarse los compromisos asumidos y resolverse las diferencias por las vías correspondientes.

Por otra parte, está el señor Milei, que se siente respaldado por Trump.

Los países deben comprender que las alianzas internacionales no pueden sustentarse únicamente en afinidades ideológicas. Cada Gobierno tiene la obligación de defender sus propios intereses nacionales, incluso cuando eso significa discrepar de sus aliados.

Ningún país debe confiar ciegamente en que otro defenderá siempre sus intereses.

En el caso de Argentina, me preocupan las declaraciones que han presentado el estrecho de Magallanes como compartido. Pero corresponde reconocer que el comunicado conjunto de Chile y Argentina del 3 de septiembre de 2026 reafirmó la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho y el carácter definitivo de los tratados de 1881 y 1984. Mi exigencia es que esos compromisos se respeten también en los actos y documentos oficiales.

A mi juicio, recurrir a una retórica que cuestione esos compromisos sería levantar un patriotismo barato para aumentar la popularidad de cara a las próximas elecciones, en un momento en que, según mi interpretación, estaría perdiendo apoyo debido a las reformas económicas que está llevando adelante, las cuales considero necesarias.

Quiero dejar algo muy claro: yo comparto la misma tendencia política del señor Milei, pero no voy a aceptar que se utilice a mi país para aumentar sus bonos políticos. Una cosa es defender determinadas ideas económicas y políticas, y otra muy distinta es permitir que Chile se convierta en un instrumento para obtener réditos electorales en Argentina.

Considero que esa actitud es propia de un país bananero. Las diferencias ideológicas no pueden justificar que se pongan en cuestión asuntos de soberanía nacional para obtener ventajas políticas internas.

También debemos reflexionar sobre la relación entre España y los pueblos de Hispanoamérica. Nuestra historia está llena de vínculos, conflictos, ayudas y desencuentros que todavía influyen en la forma en que nos vemos unos a otros.

En el caso de Argentina, me ha llamado la atención escuchar a algunos argentinos calificar de malagradecidos a los españoles por cuestiones relacionadas con el fútbol. Recuerdo, además, las polémicas surgidas durante las celebraciones de la final del Mundial y las actitudes que considero una falta de respeto hacia el rey de España.

No pretendo juzgar a todo un pueblo por el comportamiento de algunas personas, pero sí creo que estas situaciones reflejan la importancia de la educación y el respeto entre las naciones.

Y, hablando de historia, queridos hermanos españoles, hay un asunto que considero fundamental: la Patagonia.

La Patagonia y las lecciones de la historia

Chile y Argentina mantuvieron durante décadas disputas territoriales que terminaron marcando profundamente sus relaciones. Desde mi perspectiva, Chile hizo concesiones territoriales importantes en un contexto de fuertes presiones geopolíticas.

Recuerdo referencias a acuerdos anteriores al Tratado de Límites de 1881 que considero importantes para comprender esta historia. En particular, me refiero al tratado firmado en 1855, cuya fecha exacta y cuyo contenido debemos precisar para no atribuirle disposiciones que no estén expresamente establecidas en el documento. Ese acuerdo fue firmado el 30 de agosto de 1855 y entró en vigor en 1856.

Mi interpretación histórica es que Chile tenía derechos y antecedentes territoriales sobre la Patagonia que no deben ignorarse. Considero importante examinar la herencia territorial de la época colonial, la relación de Chile con la Capitanía General y los vínculos administrativos con el Imperio español. La historia de estos territorios es compleja y las interpretaciones sobre sus límites han sido objeto de controversia entre historiadores chilenos y argentinos.

En 1881, Chile y Argentina firmaron un tratado que estableció las bases para delimitar sus territorios australes y aseguró la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes. Desde mi perspectiva, aquellas negociaciones se desarrollaron en un contexto de presión y preocupación por la posibilidad de que Argentina se acercara a Perú y Bolivia, en plena época de tensiones regionales relacionadas con la Guerra del Pacífico.

A mi juicio, aquellas circunstancias condicionaron decisiones que tuvieron consecuencias territoriales importantes para Chile.

Y aquí quiero hacer una reflexión más amplia. Me preocupa lo que considero una tendencia de determinados dirigentes argentinos a cuestionar acuerdos y límites que ya han sido establecidos. Hay un antiguo dicho que viene muy al caso: firmar algo y después intentar borrar con el codo lo que se escribió con la mano. En mi opinión, los acuerdos internacionales deben respetarse y no pueden convertirse en instrumentos que cada Gobierno interprete a conveniencia de sus intereses políticos.

Este debate también se relaciona con las islas Malvinas, conocidas en inglés como Falkland Islands, cuya soberanía es objeto de una disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido. En mi opinión, la historia de esas islas es mucho más compleja de lo que a veces se presenta en el debate político. Hubo presencia y asentamientos franceses, británicos y españoles antes de que Argentina formulara sus propias reclamaciones.

Considero que también hay que distinguir el caso de las Malvinas del de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Estos territorios tienen historias particulares y actualmente son administrados por el Reino Unido como territorios británicos de ultramar.

La historia de nuestras fronteras está llena de negociaciones, intereses nacionales y decisiones controvertidas. También está llena de personajes cuya actuación ha sido cuestionada. Tenemos errores y figuras discutibles en nuestra propia historia, del mismo modo que ocurre en España y en otros países.

Precisamente por eso es importante estudiar el pasado con atención. No para alimentar enemistades entre pueblos hermanos, sino para comprender las decisiones que se tomaron, defender nuestros intereses nacionales con fundamentos y evitar repetir los mismos errores.

No debemos guardar silencio

Podríamos continuar hablando de historia durante horas, porque es apasionante y necesaria para comprender el presente.

Sin embargo, parece que los seres humanos olvidamos con demasiada facilidad las lecciones del pasado. Los animales, los gatos y los perros aprenden de sus experiencias y reconocen aquello que les hace daño. El ser humano, en cambio, parece empeñado en repetir los mismos errores.

Por eso considero que defender la libertad, la propiedad privada, la democracia y la dignidad personal no puede ser una responsabilidad exclusiva de los partidos políticos. Es una tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos.

No basta con votar. También debemos informarnos, debatir, exigir transparencia y denunciar las injusticias cuando existan motivos para hacerlo.

A lo largo de la vida podemos perder un negocio, una inversión o incluso una parte importante de nuestros proyectos. Podemos tener que empezar de nuevo. Pero nunca debemos perder la capacidad de defender nuestras convicciones y exigir que las instituciones actúen con justicia.

La batalla cultural se gana con ideas, perseverancia y valentía. Y, sobre todo, no se gana guardando silencio ante aquello que consideramos injusto.

Desde Santiago de Chile, vuestro corresponsal,

Hermann Hepp