El Ayuntamiento iniciará el procedimiento para modificar la ordenanza que regula el otorgamiento de licencias de obras con el objetivo de elevar de 10.000 a 15.000 euros el límite económico de las actuaciones que podrán ejecutarse sin necesidad de solicitar permiso. La iniciativa, presentada por el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, acompañado por el portavoz municipal, Félix Romero, tras la Junta de Gobierno Local, contempla además la ampliación del catálogo de intervenciones que quedarán exentas de este trámite administrativo. Díaz ha subrayado que «la intensa actividad urbanística que registra el municipio predice un futuro esperanzador para el municipio y nos obliga a seguir adaptando la normativa para ofrecer más agilidad y cercanía a los ciudadanos». En este sentido, ha recordado que el Consistorio fue pionero en la implantación de este tipo de medidas.
«En primer lugar eliminamos la necesidad de solicitar licencia para actuaciones de menos de 6.000 euros, una cuantía que elevamos hasta los 10.000 euros en 2018 y que ahora proponemos incrementar hasta los 15.000 euros», ha explicado el edil, quien ha valorado que esta decisión «ha beneficiado ya a miles de ciudadanos, reduciendo tiempos de espera y evitando costes innecesarios en la tramitación de pequeñas intervenciones». Entre las intervenciones que actualmente pueden acogerse a este régimen figuran reformas de baños, sustitución de ventanas y puertas, trabajos de climatización y otras actuaciones de escasa entidad técnica.
El responsable municipal también ha destacado el papel que desempeña la Oficina de Atención al Ciudadano de la delegación de Urbanismo, «que informa de manera eficaz y ágil sobre todos los trámites, resolviendo las consultas y dudas que plantean los vecinos durante todo el procedimiento». En cuanto al calendario previsto, Díaz ha detallado que el proceso comenzará en los próximos días con la publicación de la propuesta en la página web municipal para abrir un periodo de recepción de sugerencias por parte de los vecinos. Una vez concluida esta fase, que tendrá una duración de veinte días, se elaborará un borrador de modificación que será sometido a aprobación inicial. Posteriormente se abrirá un nuevo periodo de información pública para la presentación de alegaciones, que serán estudiadas antes de la aprobación definitiva del texto. De esta forma, la modificación del texto se espera que quede aprobada antes de que finalice 2026 para que pueda entrar en vigor a principios de 2027.
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