Los operadores deberán disponer de baterías que mantengan la cobertura móvil cuatro horas para el 75% de la población española. Esta nueva obligación se introducirá de manera gradual: beneficiará al 50% de la población en el primer año de la entrada en vigor de este real decreto; al 65% en el segundo año, y finalmente al 75% de la población en el tercer año.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado durante su intervención en el encuentro DigitalES Summit, que el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales obligará a los operadores a mantener una cobertura de cuatro horas para el 75% de la población en caso en caída de la red eléctrica. «Un nuevo derecho digital» que estará aprobado antes de que acabe el año, según ha explicado López, «para que los operadores comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones».
Implantación gradual
Esto será así porque la nueva obligación se introducirá de manera gradual: beneficiará al 50% de la población en el primer año de la entrada en vigor de este real decreto; al 65% en el segundo año, y finalmente al 75% de la población en el tercer año. Este calendario predecible y planificado tiene como objetivo facilitar el esfuerzo inversor de los operadores, pero manteniendo un elevado nivel de exigencia en la cobertura de población que deben garantizar los operadores en el caso de una caída de la red eléctrica.
Por otra parte, las instalaciones de nivel intermedio (aquellas como los centros de gestión cuyo impacto podría afectar a varias regiones o CCAA) tendrán la obligación de permanecer operativas durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico. Las instalaciones esenciales de primer nivel (por ejemplo, los centros de control, donde reside la inteligencia centralizada de las redes y en las que un fallo puede afectar a todo el país) deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.
Refuerzo de los centros 112
El RD pone un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y alertas públicas. Los operadores que les dan conectividad deben -también por primera vez en la normativa española- confeccionar y presentar Planes de Seguridad y resiliencia. Además, deben tener estrategias de redundancia, es decir canales de comunicación alternativos. Un centro 112 puede optar por tener varios operadores que le den servicio; o la posibilidad de utilizar a la vez tanto redes móviles como fijas. El objetivo es que el centro 112 se vea lo menos afectado posible y pueda seguir recibiendo llamadas, aunque haya algún problema puntual en alguna red o tecnología.
Las obligaciones de este real decreto afectarán, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios: más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos. También aquellos que estén designados como operadores críticos, o presten servicios de emergencia, entre otros. No se aplica a redes vinculadas a Seguridad Nacional y Defensa. El Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales continúa su tramitación formal y está previsto que se apruebe antes de finales de 2026.
«Soberanía tecnológica»
En su intervención en el encuentro de DigitalES, el ministro ha puesto en valor el panorama tecnológico actual del país que «nada tiene que ver» con cómo era cuando se celebró la primera edición de este foro, que celebra su novena cita este año. Por ello, ha repasado las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo durante los últimos años, entre otras, el paquete de más de 10.000 millones de euros en las Estrategias nacionales de IA, Tecnologías Cuánticas y Deep-Tech; las inversiones en compañías tecnológicas disruptivas por parte de la SETT; la apuesta por la supercomputación, con la creación de dos fábricas de IA y la candidatura para albergar una gigafactoría europea de IA; o el hecho de que se hayan dedicado dos de cada tres euros a la transformaciones verde y digital del país. Medidas que han servido para avanzar en una hoja de digitalización de España que, ha dicho, «se resume en una palabra: soberanía tecnológica».
«Una soberanía que es políticamente obligatoria, socialmente necesaria y empresarialmente útil», ha aseverado el ministro, que ha añadido que «todos podemos ganar con la transformación digital» pero no debemos olvidar «quiénes deben ganar primero, las personas».
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/