En el acto de entrega de despachos a los 121 integrantes de la nueva promoción de jueces, Isabel Perelló dice que reducir el nivel de exigencia y la formación requeridas para acceder a la Carrera Judicial “puede comprometer la calidad del sistema y la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos”. La presidenta del TS y del CGPJ subraya que los/as jueces/zas y magistrados/as “son los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente”, pero dice que las reformas “han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia” y sin desconocer “el papel principal del juez”. Afirma que la profesión de juez “no distingue entre sexos, orígenes o ideologías” y que sus miembros “son representativos de la sociedad de la que proceden y a la que sirven”
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha alertado hoy del “grave déficit de jueces” que sufre España -con una media de 11 jueces/zas por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 de los países miembros del Consejo de Europa- y ha advertido de que el reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales “no aborda ni resuelve el problema de fondo”.
“Sois muy bienvenidos porque sois muy necesarios”, ha dicho Perelló a los 121 integrantes -85 mujeres y 36 hombres- de la 74 promoción de la Carrera Judicial durante su intervención en el acto en el que han recibido sus despachos, que ha sido presidido este martes por Su Majestad el Rey en Barcelona.
La presidenta del TS y del CGPJ ha señalado que el déficit de jueces “provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos”, ha recordado que, en la actualidad, “ya existen 260 plazas judiciales más que jueces” y que si se crean plazas adicionales sin aumentar el número de jueces/zas, “las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”.
“Esta situación evidencia que el verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural: es necesaria la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes”, ha agregado, antes de advertir que el ingreso de nuevos jueces “es una necesidad actual que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día” y que “tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman”.
Por ello ha reclamado “una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional”, recordando que la Constitución encomienda al CGPJ el gobierno de los jueces, lo que supone, además de velar por su independencia, “ser un actor esencial en las reformas” que atañen a los jueces y a su función. “Y, por eso, el Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia”, ha concluido.
“Los jueces y magistrados somos los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente, pues como profesionales, no nos satisface trabajar con continuos retrasos y dilaciones. Pero estas reformas han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia. Y no pueden desconocer el papel principal del juez y su relación con los procedimientos”, ha dicho Perelló, que ha asegurado que “preservar la centralidad que la Constitución atribuye a los Jueces, como titulares de la función jurisdiccional y garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, es una exigencia estructural del Estado de Derecho”.
Una Carrera Judicial abierta a la sociedad
Tras felicitar y dar la bienvenida a los integrantes de la nueva promoción de la Carrera Judicial -mayoritariamente femenina, como viene sucediendo desde hace 30 años-, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha destacado que el 40 % de ellos proceden de familias sin estudios superiores y que ocho de cada diez no tienen a profesionales jurídicos entre sus allegados.
Ello corrobora, ha añadido, la radiografía hecha por el catedrático y sociólogo José Juan Toharia en el libro ‘El juez español. Un análisis sociológico’, en el que afirma que “no existe eso que llaman ‘casta judicial’”.
“Todo ello pone de manifiesto que la nuestra, la profesión de juez, está totalmente abierta a la sociedad y no distingue entre sexos, orígenes o ideologías. Y que los viejos estereotipos -como el del ‘juez varón de familia de jueces’- han pasado a ser clichés desfasados, que no se corresponden con la realidad: la mayoría de los jueces somos mujeres, sin vínculos familiares previos con la Carrera Judicial y representativos de la sociedad de la que procedemos y a la que servimos”, ha asegurado.
Garantes últimos de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos
La presidenta del TS y del CGPJ ha recordado a los miembros de la nueva promoción de la Carrera Judicial que a partir de hoy son miembros del Poder Judicial y asumen en exclusiva la función que la Constitución les atribuye: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo que implica “la alta responsabilidad de decir y aplicar el Derecho y de decidir sobre la libertad, los derechos y el patrimonio de los ciudadanos. Es decir, de proteger todos los derechos de todos y, en especial, los derechos fundamentales”.
“La trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero Poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que estas pretendan ser. Son bienvenidas las críticas razonables que nos ayudan a mejorar, pero no el intento de socavar la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales, que todos los poderes públicos deben promover”, ha agregado.
También ha señalado que la fortaleza o debilidad del Poder Judicial no depende solo de sus órganos de gobierno o de su arquitectura institucional, “sino de la actuación concreta, cotidiana y responsable de cada juez”.
“Esto es lo que la sociedad espera de nosotros: que seamos conscientes del poder que se nos ha confiado y que lo ejerzamos responsablemente, con independencia, con imparcialidad y con neutralidad”, ha asegurado Perelló, que ha dicho que esa expectativa social descansa sobre una idea profundamente arraigada en las democracias constitucionales: que el juez “no es un actor político, ni un mero ejecutor de decisiones ajenas, sino un garante último de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”.
La presidenta del TS y del CGPJ ha recordado asimismo a los nuevos miembros de la Carrera Judicial que, además de jueces nacionales, son jueces europeos y, por tanto, garantes de la aplicación del Derecho de la Unión Europea y de los valores en los que descansa esta: “la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”.
Condolencias por las víctimas de los accidentes de Adamuz y de Gelida
La presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces se ha referido asimismo a los recientes accidentes de tren de Adamuz y de Gelida y ha enviado, en nombre de todos los integrantes del Poder Judicial, sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales y sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron heridas.
También ha manifestado su reconocimiento por “la entrega y total vocación” de todos los profesionales de la Justicia desde el mismo momento en que ocurrieron los siniestros, y ha dicho que “al igual que sucedió en la tragedia de la DANA en Valencia, el servicio de la Justicia en estos fatídicos días ha sido responsable y ejemplar y ha estado totalmente volcado en la atención a los ciudadanos”.
Por último, la presidenta del TS y del CGPJ ha finalizado su intervención expresando su agradecimiento a los preparadores de los jueces y juezas que este martes han recibido sus despachos, a los miembros de los tribunales calificadores, a los/as magistrados que actuaron como tutores durante la fase de prácticas tuteladas; a la dirección, claustro de profesores y personal de la Escuela Judicial y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña por ceder de forma permanente al CGPJ la sede de este centro y facilitar los espacios necesarios en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para permitir que siga funcionando mientras se acometen obras de renovación.
Transformar el conflicto en un diálogo regulado
Por su parte, el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, ha recordado a los nuevos jueces y juezas que “la jurisdicción existe para sustituir la fuerza por la razón, para transformar el conflicto en un diálogo regulado y para asegurar que el poder —cualquier poder— permanezca sometido al Derecho. En esta tarea los jueces no somos portavoces de mayorías ni ejecutores de voluntades ajenas, sino garantes de derechos”.
Durante su intervención en el acto de entrega de despachos, Segura ha añadido que el camino que hoy inician los integrantes de la nueva promoción de la Carrera Judicial «estará hecho de decisiones difíciles, de dudas razonables y del peso de la responsabilidad” y les ha dicho: “No temáis la complejidad: es precisamente ella la que da sentido a nuestra función y la que nos permite crecer como juristas”.
Fuente. https://www.poderjudicial.es/