La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que «rechazar la senda de estabilidad no es perjudicar al Gobierno, sino perjudicar a los ciudadanos».
El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas que en 2026 volverán a recibir un récord de entregas a cuenta por valor de 157.731 millones de euros. Lo que supone una ligera mejora de la cifra comunicada a las autonomías el pasado verano debido al mayor dinamismo de la economía española.
El anuncio lo ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha reiterado el compromiso de la administración que lidera Pedro Sánchez con dar todos los recursos y facilidades a las comunidades autónomas. A lo que hay que sumar unos objetivos de déficit más ventajosos para que así puedan invertir con mayor facilidad en el refuerzo de los servicios públicos y la atención a los ciudadanos.
Como ha destacado Montero ante los consejeros de Hacienda de las comunidades, los territorios recibirán los mayores recursos de su historia. En concreto, esos 157.731 millones de euros en entregas a cuenta que llegarán a sus arcas públicas son un 7% superiores a las de 2025. Dicha cifra es superior a la que se comunicó en julio porque se ha procedido a su revisión. Algo motivado por el mayor dinamismo de la economía española, tal y como atestiguan instituciones como el Banco de España, Eurostat o el FMI, además de agencias crediticias de reconocido prestigio.
Si a la cifra de entregas a cuenta se le suma la previsión de liquidación para 2024, se bate un nuevo récord. En total, los recursos del sistema de financiación que recibirán los territorios en 2026 será de 170.300 millones de euros. Una cifra que es un 7,7% superior a la que percibieron para este 2025.
Que la cifra de entregas a cuenta y de financiación total mejore de manera notable con respecto al ejercicio anterior no es una novedad. Desde la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez, el Gobierno ha mejorado todos los ejercicios los recursos que reciben los territorios cada año. A lo que hay que sumar casi 30.000 millones de euros de los fondos COVID o 4.000 millones en liquidaciones negativas que el Estado asumió para evitar que las comunidades autónomas tuvieran que devolverlas. «Nunca antes el Estado había puesto tantos recursos a disposición de los territorios», ha señalado Montero sobre esta política económica, que va en beneficio de quienes prestan el servicio público más directo a la ciudadanía.
Este récord de recursos entregados a las autonomías y ayuntamientos se explica con la buena marcha de la economía española, como ha destacado la titular de Hacienda. Entre los datos destacados por la vicepresidenta primera están que España es la economía que más crecerá este año, lo que se suma a que triplicó en el tercer trimestre el crecimiento de la Zona Euro. A lo que se une el récord de empleo, con 22,4 millones de ocupados, y que va ligado a la reducción de la tasa de paro al nivel más bajo en 17 años.
Récord de recursos para las Entidades Locales
Las Entidades Locales (EELL) también tendrán récord de recursos el próximo ejercicio. Los ayuntamientos y corporaciones recibirán 29.246 millones en 2026. Una cifra que se incrementa un 8,7% con respecto a 2025. Lo que supone otro récord de recursos, en este caso destinado al ámbito local. Además, si a esta cantidad se le suma la previsión de liquidación para 2024, las EELL percibirán del sistema de financiación 30.216 millones. Cantidad que es un 4,6% superior a la de 2025.
Senda de déficit
El Gobierno también ha comunicado hoy a las Comunidades Autónomas los objetivos de déficit que deberán alcanzar en el periodo 2026-2028, tal y como recoge la senda presentada por la titular de Hacienda. Un planteamiento que permitirá a las autonomías reforzar aún más sus servicios públicos, ya que mantendrán un objetivo de déficit del -0,1% durante todo el periodo.
Este diseño supone que las autonomías no deberán realizar esfuerzos extra para reducirlo. Y que incluso contarán con más recursos extra por el margen fiscal que les permite esa cifra de déficit. Solo en 2026, las comunidades dispondrán de 1.755 millones de euros para realizar reformas o inversiones para los servicios públicos. Mientras que en todo el periodo que va de 2026 a 2028 podrán contar con 5.485 millones gracias a estos objetivos, que deberán ser respaldados por el Congreso de los Diputados.
Este camino para la reducción de déficit establece que el conjunto de las Administraciones Públicas deberá lograr unos objetivos del -2,1% en 2026, del -1,8% en 2027 y del -1,6% en 2028. Unas cifras en los dos primeros ejercicios consecuentes con lo recogido en la anterior senda, y que en el nuevo año a incluir muestra el compromiso con la reducción del déficit del Gobierno. Para lograrlo, el mayor esfuerzo corresponderá a la Administración Central, que es la que deberá asumir las reducciones más ambiciosas. En 2026 el objetivo será del -1,8%. Para 2027, la cifra deberá bajar al -1,5%. Y en 2028, se tendrá que alcanzar el -1,4%. De hecho, la Administración Central asume el 90% de la reducción del déficit de España en ese periodo.
Las beneficiadas de este mayor compromiso de la Administración Central serán las comunidades autónomas, que mantendrán un objetivo del -0,1% de déficit para toda la senda. Una diferencia notable con respecto a la senda vigente. Esta ventaja para los territorios será compensada por esa mayor responsabilidad del Estado, que asumirá el mayor grado de cumplimiento de unos objetivos que van en la línea de las nuevas reglas fiscales europeas.
Como ha resaltado la vicepresidenta Montero, el Gobierno ha decidido que las comunidades autónomas «mantengan el mismo objetivo de déficit durante tres años y que sea el Estado quien cargue con el peso de la reducción del déficit en ese periodo». «Mientras el esfuerzo de reducción de las comunidades hasta 2028 es cero, el de la Administración Central es de ocho décimas», ha añadido la titular de Hacienda, que ha recordado que la mayor parte del objetivo de la Administración Central es consecuencia de las transferencias a favor de la Seguridad Social en cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo. Un principio que garantiza la separación de fuentes y el equilibrio financiero de esta administración.
Para los Ayuntamientos y Entidades Locales en general, el objetivo también es beneficioso para sus intereses y les permitirá desplegar con mayor fuerza sus servicios públicos. Durante los tres años de la senda deberán alcanzar el equilibrio presupuestario, teniendo así más flexibilidad que en la senda anterior. En este caso, y como ocurre con las comunidades autónomas, la asunción de ese mayor margen corresponderá a la Administración Central.
Un conjunto de objetivos que la titular de Hacienda ha defendido por lo positivos que son para el conjunto de los territorios, ya sean autonomías o corporaciones. Y que necesitarán ser aprobados por el Congreso de los Diputados después de que sean remitidos por el Consejo de Ministros. «Si esta senda de estabilidad es rechazada en el Congreso, se aplicará directamente el equilibrio presupuestario fijado en la Constitución para las Comunidades Autónomas», ha señalado la vicepresidenta primera.
La ministra de Hacienda ha mostrado su confianza en que los grupos parlamentarios «tengan altura de miras y no perjudiquen de esa manera a sus propias comunidades». Porque, como ha recordado Montero, «rechazar la senda de estabilidad no es perjudicar al Gobierno, sino perjudicar a los ciudadanos, que verían cómo sus gobiernos autonómicos tienen 5.485 millones menos de capacidad de gasto para sanidad, educación o dependencia».
Objetivos de deuda
La ministra de Hacienda ha comunicado en la reunión del CPFF a las comunidades los datos de la regla de gasto y los objetivos de deuda para los próximos tres años. Unos objetivos que se enmarcan en la estrategia del Ejecutivo de continuar reduciendo la deuda pública, que ha caído 22 puntos desde el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021, en plena pandemia de Coronavirus.
En el ejercicio 2026, el conjunto de las comunidades autónomas deberá reducir su ratio de deuda hasta el 19,6%. Para 2027, la caída deberá ser hasta el 18,9%. Por último, en 2028 tendrá que reducirse al 18,3%.
Reforma de la financiación
María Jesús Montero también ha trasladado a las comunidades su predisposición a llegar a un acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica, postura que el Gobierno ha mantenido desde sus inicios. Para ello, la ministra ha confirmado que el Ministerio de Hacienda ya tiene diseñadas las líneas maestras del modelo que propondrá tanto al CPFF como a las Cortes Generales. Con elementos a destacar como la reducción de la diferencia en financiación por habitante ajustado o una reformulación del sistema de entregas a cuenta.
Ese futuro modelo será aplicable a todas las regiones sin excepción, sin que esto impida tener en cuenta las singularidades de cada territorio. La solidaridad interterritorial será otro aspecto clave, el cual estará basado en criterios objetivos. Se caracterizará además por una mejora sustancial de los recursos de todas las autonomías, con los que podrán seguir blindando la educación, la sanidad pública o la dependencia.
Otro rasgo a destacar será el aumento de la capacidad normativa de las comunidades autónomas, que irá de la mano a una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal. Sumado a esto, se propondrá un nuevo modelo en red del sistema tributario. Lo que implicará que los gobiernos autonómicos puedan asumir mayor competencia en la gestión de los tributos sin que ello vaya en detrimento de la Agencia Tributaria.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/