Guerrilleros en lucha con el Clan del Golfo por los mercados ilegales de droga, madera y oro. El análisis del investigador de la Universidad Estatal de Milán Simone Ferrari: «Los grupos armados del Chocó no cuentan con el apoyo de la población»
Se trata de un «paro armado» que ha sido proclamado en Colombia por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, región del país latinoamericano situada frente al océano Pacífico. La medida, que incluye un toque de queda permanente y un bloqueo generalizado de todas las actividades a partir de hoy, confinando a los habitantes en sus municipios y dificultando el acceso a alimentos y atención sanitaria, estará vigente hasta la medianoche del 21 de febrero, según un comunicado del ELN. El verano pasado, una decisión similar había afectado a una población de unas 50.000 personas.
«Es la vigésima medida de este tipo en los últimos tres años por parte del grupo armado ELN, el movimiento guerrillero que más dificultades plantea actualmente al proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro», explica Simone Ferrari, investigadora de la Universidad Estatal de Milán en Culturas Indígenas y Conflictos Armados en Colombia. Algunas regiones del país han visto mejorar las condiciones del conflicto, mientras que el Chocó, señala el académico, refiriéndose a los datos de Acled, “es una zona donde más ha aumentado la violencia”. Históricamente, fueron las Farc, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las que tuvieron el control de la región, hasta el gran acuerdo de paz de 2016. Luego el ELN se fue expandiendo poco a poco, al igual que el Clan del Golfo, una organización que podemos calificar de narcocriminal. El Chocó está habitado principalmente por población de origen afrocolombiano e indígena, en una zona con sustancialmente poca infraestructura, en la que se transita principalmente por río: esto hace que estas rutas sean particularmente «interesantes» para el mercado narcocriminal y para los mercados ilegales de madera y oro».
Enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo
Desde hace dos semanas, los enfrentamientos en el departamento entre los guerrilleros del ELN y el cartel del Clan del Golfo, en particular por el control del río San Juan, han desplazado al menos a 3.600 personas y dejado varadas a más de 12.000, según cifras de las autoridades locales. ‘Los grupos armados del Chocó’, señala Ferrari, ‘no tienen absolutamente ningún apoyo del tejido social o parte de él: es una especie de ocupación militar, en la que casi no hay contacto con la población, salvo para ponerla en dificultades con migraciones forzadas o, como en este caso, con restricciones a la circulación o, alternativamente, con mecanismos como la extorsión y el secuestro, que son otros sistemas de financiación de estos grupos’.
Ya el pasado jueves, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había dado la voz de alarma sobre la grave situación en el departamento del Chocó, donde también se denunció el reclutamiento de menores y la presencia de minas antipersona. Y la Iglesia local, con el obispo de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez, había pedido «acompañar» y no dejar «solas» a las comunidades locales. A continuación, el investigador de la Universidad Estatal de Milán señala otro aspecto a analizar. «El Chocó es una región fronteriza con Panamá y una parte de ella también está afectada por un gran fenómeno de «control económico» del proceso migratorio, ya que muchos de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos tienen que pasar por esta zona, en una complicada ruta que conduce a la selva del Darién», una zona de densa selva infestada de bandas criminales.
Interrupción de las conversaciones de paz
Los guerrilleros, en su nota, denunciaron la «grave situación humanitaria» en el departamento del Chocó y el «avance paramilitar» en la zona, atribuyendo la «responsabilidad» al Gobierno de Bogotá, que también ha enviado 150 soldados a la zona en apoyo de los 340 ya desplegados y movilizado varios vehículos militares anfibios. «Tanto la guerrilla como los grupos paramilitares actúan de la misma manera en la acción territorial. En el caso del ELN, hay una matriz ideológica detrás de la cual los guerrilleros tratan de justificar sus acciones como políticas, en realidad, el ELN, aún más que las disidencias de las Farc, ha perdido esa vocación política, sobre todo, por su estructura muy descentralizada, por lo tanto, tal vez el comandante puede tener una visión política, pero en los hechos, las unidades territoriales operan absolutamente como un ejército dedicado al control de los mercados criminales.
Entonces – continúa – es cierto que el Estado está más ausente en regiones como el Chocó: es un problema antiguo, de larga data, por un lado vinculado a los Estados-nación en América Latina que nacieron con fronteras imaginarias, y por otro relacionado con el hecho de que incluso este Gobierno, que pretende llegar a todos los territorios, se está dando cuenta progresivamente de que no tiene los medios ni la capacidad para hacerlo, precisamente porque tantas regiones están totalmente en manos de grupos armados.
El ‘paro armado’ se produce en un momento en el que el estancamiento de los diálogos de paz entre Bogotá y el ELN se ha recrudecido en los últimos meses y en el que los enfrentamientos entre guerrilleros y disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han intensificado en la región del Catatumbo, donde 14 combatientes han sido detenidos en las últimas horas. «En el Catatumbo, otra región fronteriza, en este caso con Venezuela, el conflicto es quizá aún más complejo, porque -recuerda Ferrari- está más inmerso en el tejido social: es una zona campesina con muchos cultivadores de la planta de coca, de la que luego se obtiene la cocaína, y eso la hace especialmente ‘atractiva’ para los dos grupos que se disputan el territorio».
Fuente: https://www.vaticannews.va/