El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española junto a otras instituciones católicas reivindican la importancia de la iniciativa que busca regularizar a personas en situación irregular que no pueden acceder a las vías ordinarias, y se considera un paso clave para mejorar la situación de los migrantes más vulnerables en España
Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) han hecho un llamado a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para que continúen negociando un acuerdo que permita aprobar la Proposición de Ley de regularización extraordinaria de personas migrantes, actualmente en tramitación.
Esta iniciativa, respaldada por más de 700.000 firmas a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), busca regularizar a un sector de la población migrante que no puede acceder a los canales ordinarios establecidos por la normativa de extranjería. El proceso de regularización comenzó en 2021 y ha contado con un apoyo transversal de la sociedad civil organizada, que considera fundamental una solución integral para las personas que, a pesar de llevar años en España, continúan en situación irregular.
Según las entidades eclesiásticas, la aprobación de esta ley es crucial para complementar el nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre pasado, ya que proporcionaría una solución para aquellos perfiles que no pueden regularizarse por los procedimientos habituales. Entre estos grupos se encuentran personas que no pueden obtener pasaporte de su país de origen o aquellos con dificultades de empleabilidad debido a edad, discapacidad o enfermedades crónicas.
La tramitación parlamentaria de esta iniciativa se encuentra en una semana clave. Este martes 17, se efectuará una ponencia parlamentaria destinada a negociar el texto definitivo de la ley, que se espera reciba un amplio respaldo. Las entidades de la Iglesia apelan a la responsabilidad de los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo de consenso, reconociendo que la regularización extraordinaria es una respuesta a una demanda social amplia y una medida imprescindible para mejorar la vida de miles de personas.
La posible aprobación de esta ley se considera un gesto político positivo, especialmente con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra el miércoles 18. En este contexto, las organizaciones recuerdan que esta regularización es una oportunidad para reconocer y dignificar a quienes viven en las capas más desfavorecidas de la sociedad española.
Los obstáculos de la migración: racismo, burocracia y desigualdad de derechos
Ante la proximidad de la fecha, el Centro Pueblos Unidos y la ONG Jesuita «Entreculturas» se han acercado a las preocupaciones que vive la población migrante en el país a través de su campaña de sensibilización «Soy Acogida».
La responsable del centro Pueblos Unidos, Macarena Úbeda, destaca la interculturalidad y pone en relieve la proliferación de los discursos de odio respecto de los migrantes. Lo experimenta, por ejemplo, Ibra Sy, joven subsahariano de 20 años, quien evidencia la estigmatización que sufre al escuchar que «las personas migrantes somos violentas y peligrosas».
Por su parte, Diana Rico, mujer latinoamericana de 48 años que lleva más de cinco viviendo en España, no siente que la sociedad española sea racista ni xenófoba en su conjunto. Sin embargo, ha sufrido discriminaciones por su origen en varias entrevistas de trabajo. En este sentido, los entrevistadores, dice, «piensan que debemos trabajar barato por no ser de aquí y que no tenemos ningún tipo de educación».
Las dificultades para la regularización administrativa es uno de los mayores obstáculos que los afectan directamente. En este sentido, la abogada del centro Pueblos Unidos, Marta Sánchez-Briñas, sostiene:
“Las trabas burocráticas y legales que tiene el Estado español dificultan en demasía las oportunidades de regularizar la situación de las personas migrantes, convirtiendo este proceso en un círculo vicioso de requisitos que acaba por impactar gravemente en la salud mental de los y las solicitantes”.
Fuente: https://www.vaticannews.va/