La ONU considera que algunas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
También hay 158 niños entre las 2.200 personas detenidas en Venezuela durante las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio y que siguen en prisión. Esta es una de las cifras que se desprenden del último informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación en el país latinoamericano, encargada por la ONU.
El documento, presentado oficialmente el viernes 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y adelantado en los últimos días, confirma la detención de 158 menores, algunos de ellos acusados de delitos graves como terrorismo o incitación al odio. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, precisó ante el organismo de Ginebra que «las violaciones documentadas representan sólo una muestra de un universo mucho mayor».
Estas violaciones, según el informe, «son el resultado de un plan diseñado para silenciar a la oposición política a Maduro» y «algunas de ellas representan crímenes de lesa humanidad».
También documenta cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desaparición forzada. También se identifican «métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia», como puñetazos, palizas, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico.
La reacción del gobierno de Nicolás Maduro fue inmediata.
El jefe de la diplomacia en Caracas, Yván Gil Pinto, rechazó el informe, criticó a Naciones Unidas y calificó a la misión internacional de «ilegítima e ideologizada» con «el único objetivo -dijo el canciller- de cumplir las órdenes de Washington» en detrimento de Venezuela.
El mismo 20 de septiembre, desde Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, había expresado su «preocupación» por la situación en Venezuela durante una llamada telefónica con el propio Maduro. En particular, Guterres se refirió a las informaciones sobre «violencia postelectoral» y «violaciones de los derechos humanos», subrayando «la necesidad de resolver cualquier disputa política de forma pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo», según su portavoz, Stéphane Dujarric.
Mientras tanto, en el Senado estadounidense, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el demócrata Ben Cardin, anunció que presentará un proyecto de ley para reconocer como legítimo ganador de las elecciones presidenciales al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que huyó a España el 8 de septiembre en busca de asilo político.
Fuente: https://www.vaticannews.va/