Hasta el 4 de julio está abierto el trámite de consulta pública previa para hacer aportaciones al decreto que regulará estos perfiles mientras se realizan proyectos piloto en varias provincias
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública creará la figura de facilitadores para ayudar a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o demencias a comprender y explicarse en los procesos judiciales en los que se vean inmersos como testigos, investigados, víctimas o como operadores jurídicos. Para ello, elaborará un decreto que regule los perfiles, formación y funciones de este personal de apoyo.
El trámite de consulta pública previa para recibir aportaciones al futuro texto de la norma está abierto hasta el próximo 4 de julio y las personas o entidades interesadas en hacerlo pueden dirigirse al mail participa.cjalfp@juntadeandalucia.es
La creación de la figura de los facilitadores se enmarca en el Plan de humanización de la Administración de Justicia puesto en marcha por la consejería, que incluye también actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas en las sedes judiciales y hacerlas más accesibles, con medidas como la implantación de bucles magnéticos en los mostrados de información para facilitar la audición a las personas sordas con implantes cocleares.
Para el consejero José Antonio Nieto, «la Justicia es un derecho que tiene que garantizarse a todas las personas independientemente de sus capacidades funcionales». «Desenvolverse en un juzgado ya es complejo para cualquier persona, pero más aún para quienes padecen algún tipo de discapacidad intelectual, sensorial, trastornos de espectro autista, déficit de atención o algún tipo de demencia», ha señalado. El objetivo del decreto es que cuenten con personal de apoyo, que conozca la Justicia y esté especializado en la atención a personas con discapacidad, para que les «acompañe y les ayude a entender y ser entendidas, para acceder y ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad».
Además, ha incidido en que es un servicio que debe prestar la Administración pública ya que no puede estar condicionado a los recursos económicos de los que dispongan las personas.
Mientras se elabora el decreto para crear esta figura, la Consejería de Justicia está poniendo en marcha proyectos piloto en varias provincias para testar su funcionamiento y ver cuáles son los perfiles más adecuados para desempeñar esta función, qué formación tienen que tener, cómo se tienen que relacionar con la persona a la que ayuda y con los agentes judiciales. El consejero se reunió recientemente con varios colectivos de personas con discapacidad almerienses durante una visita a la capital para invitarles a participar en el proyecto piloto y hacer aportaciones para que el programa responda a las necesidades del colectivo.
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