La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha conseguido impulsar mejoras laborales y de protección social de las personas trabajadoras en los 27 países de la Unión Europea con las medidas adoptadas durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), que concluye el 31 de diciembre.
«Durante este semestre, no sólo se han dado decisivos pasos en el objetivo de avanzar hacia una Europa más social, verde, feminista y democrática, sino que también hemos conseguido introducir en la agenda europea debates innovadores para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la ciudadanía», ha señalado la vicepresidenta en referencia a los expedientes legislativos y no legislativos abordados durante los últimos seis meses, así como a los eventos celebrados en torno a los tres prioridades del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la presidencia.
En materia de políticas laborales y de empleo, la presidencia española del Consejo de Empleo y Políticas Sociales (EPSCO) de la UE se ha desarrollado en torno a tres grandes ejes: diálogo social, trabajo decente y Economía Social.
Diálogo Social
Avalada por la exitosa experiencia española en materia de diálogo social, una herramienta con la que se ha conseguido forjar casi una veintena de acuerdos durante la anterior legislatura, Díaz ha reforzado al diálogo social situándolo en el centro de los debates laborales y económicos europeos. «El diálogo social es una herramienta de legitimidad democrática y social y permite definir políticas más eficaces, justas y duraderas», ha insistido la vicepresidenta, que presentó junto a la próxima presidencia belga del Consejo de la UE un non-paper, un documento oficioso, para que en las cumbres tripartitas se refuerce el diálogo social con los interlocutores sociales europeos a la hora de definir y ejecutar las políticas económicas, sociales y de empleo.
En estos meses, el Consejo EPSCO aprobó las primeras Conclusiones sobre democracia en el trabajo y negociación colectiva verde, a fin de alentar la participación de las personas trabajadoras en la empresa, además de reforzar los derechos de información, participación y consulta de los representantes legales de los trabajadores en las empresas.
Con la negociación colectiva verde se implica más a los interlocutores sociales en la transición ecológica un proceso en el que también influyen de forma determinante las decisiones tomadas por empresas y personas trabajadoras.
Trabajo decente
Además de formar parte de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023, el trabajo decente ha sido un empeño de la vicepresidenta desde que asumiera la cartera ministerial. «El trabajo decente garantiza protección de derechos laborales y que se promuevan entornos de trabajo seguros y saludables», ha explicado la vicepresidenta, que en ese sentido ha perseverado en hacer efectiva y real la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Es por ello que impulsó la decisión del Consejo por la que a autoriza a los Estados miembros a ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el Trabajo, que llevaba dos años bloqueada.
De esta forma se permitirá mejorar la detección, prevención, sanción y reparación del acoso y la violencia laboral.
El Consejo EPSCO ha aprobado las primeras Conclusiones en materia de salud mental y precariedad laboral, que instan a las instituciones y los interlocutores sociales a combatir la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental de las personas trabajadoras. Con este fin se promoverán políticas, legislación e inspección más eficaces.
En materia de seguridad y salud en el trabajo, se han cerrado acuerdos para revisar la normativa sobre los valores límite para el plomo y sus compuestos inorgánicos y los diisocianatos en las Directivas 98/f24/CE contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y la 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
La presidencia española del Consejo culminó, además, un acuerdo con el Parlamento Europeo para una futura directiva sobre el trabajo en plataformas digitales. Inspirada en la denominada ley Rider española, la normativa prevé mejorar las condiciones de trabajo y protección social de las personas que trabajan en estas plataformas, así como sus derechos con respecto a los algoritmos que afectan a su desempeño laboral.
La presidencia belga, que asume el 1 de enero la presidencia rotativa del Consejo, será la que prosiga con este expediente, todavía pendiente de ratificar y que daría lugar a la primera normativa de alcance europeo en la materia.
Durante esta presidencia se ha firmado también la primera declaración tripartita europea desde 2016 con los interlocutores sociales europeos. En octubre se suscribió en Barcelona la Declaración Tripartita sobre el Año Europeo de la Competencias, con los gobiernos de Suecia y Bélgica (que ostentaron la presidencia del Consejo de la UE antes y después de España, respectivamente), así como con el Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y representantes de las organizaciones sindicales y empresariales europeas.
El consenso alcanzado constituye un avance importante para impulsar la formación y las competencias de las personas trabajadoras no solo cuando están buscando empleo sino también a lo largo de su vida laboral.
Asimismo, durante estos meses se han abordado junto con los ministros europeos temáticas como el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo en el marco de una transición digital justa, los usos del tiempo y la reducción de la jornada de trabajo o la protección del empleo en el caso de despidos relacionados con las transiciones digital y ecológica.
Economía Social
En el ámbito de la Economía Social, la que promueven empresas y entidades que priman el beneficio social y de los trabajadores antes que el lucro personal o empresarial, la presidencia española ha conseguido la aprobación de la Recomendación del Consejo sobre un marco de desarrollo de la Economía Social, el primer texto legislativo de la Unión Europea para promover este modelo de empresas.
De esta manera se insta a los Gobiernos de la UE que promuevan el desarrollo de esta forma de entender la actividad económica.
«La Presidencia española ha contribuido de manera decisiva a reforzar la dimensión social de la Unión Europea, poniendo sobre la mesa temáticas para el debate novedosas e innovadoras en Europa y concluyendo expedientes de gran calado en las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía europea», ha concluido la vicepresidenta.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es