El auto considera que concurren causas que permiten la adopción de la medida de prisión como son el riesgo de fuga y la reiteración delictiva
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha ordenado el ingreso en prisión del exjuez Fernando P. por dirigir una organización encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus colaboradores más cercanos mediante la difusión de noticias falsas. El magistrado aprecia riesgos de fuga y de reiteración delictiva en la actuación del exjuez.
El auto de Gadea sitúa al investigado en el vértice de dicha organización y explica que al perder su condición de magistrado en 2016 perdió también su principal fuente de ingresos, lo que, según el magistrado, movió al investigado a idear una estructura criminal con la que obtener los fondos para sus gastos.
Además de los delitos que atribuye a los investigados en esta causa, el instructor añade para el exjuez los de blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. El juez se basa en la información bancaria recabada durante la investigación, que permite constatar que el exjuez habría hecho uso de los fondos obtenidos ilícitamente y a sabiendas de que tenían su origen en una actividad delictiva.
Para el juez es significativo además que, pese a los embargos acordados, el investigado ha tratado de eludir su eficacia “realizando actos de disposición encaminados a reconducir los ingresos patrimoniales que le generan las aportaciones a ACODAP, mediante el uso de personas interpuestas o la apertura de cuentas en el extranjero”.
El auto considera que concurren causas que permiten la adopción de la medida de prisión como son el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Gadea recuerda que el investigado no compareció ayer al llamamiento judicial “evidenciando su intención de obstaculizar la labor judicial”. Una voluntad obstativa que ha sido -dice el juez- evidente durante la tramitación del procedimiento, por lo que es el riesgo de fuga la primera razón que justifica una medida tan grave como la de prisión.
El magistrado hace constar que, después de escuchar al investigado en su declaración de hoy, sigue creyendo que es magistrado en activo. “Resulta llamativo contemplar el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a las dos Sentencias condenatorias que ya han recaído, sin que se sienta mínimamente vinculado al Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que dice lo contrario. Lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una Asociación que pretende luchar contra la corrupción”.
Como afirmaba el Ministerio Público en su comparecencia, señala Gadea, el investigado se cobija en la condición de magistrado para buscar una inmunidad que no ostenta ni el jefe del Estado, y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad cubriéndose con el manto de su condición de magistrado.
Considera que también existe riesgo de reiteración delictiva ya que, después de un año de iniciarse el procedimiento, la mecánica criminal sigue plenamente operativa sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos. Recuerda, además, que ACODAP, pese a los embargos de sus cuentas o la suspensión de la asociación, sigue publicitándose como tal y recaudando fondos desde una cuenta en Lituania y alojada en otro servidor.
Fuente: https://www.poderjudicial.es/