La dictó el Tribunal Penal Internacional de La Haya: el presidente ruso está acusado de deportar a Rusia a miles de niños ucranianos. La misma acusación, con una segunda orden de detención, para Maria Lvova-Belova, Comisaria de Moscú para los Derechos del Niño. El Kremlin responde: decisión que no tiene sentido para nosotros
La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de detención internacional por crímenes de guerra contra Vladímir Putin. El presidente ruso está acusado de deportar a miles de niños ucranianos a Rusia, y el mismo cargo, en una segunda orden de arresto, se ha presentado contra Maria Lvova-Belova, comisaria de Moscú para los derechos de la infancia. La investigación, que comenzó pocas semanas después de la invasión, ha alcanzado por tanto un rotundo punto de inflexión. Los investigadores y magistrados que investigan los crímenes cometidos durante el conflicto explican que esta línea de investigación siempre ha tenido prioridad porque «los niños y adolescentes no pueden ser tratados como botín de guerra». Y ahora, al final de complejas verificaciones, también en lo que se refiere a la perseguibilidad y a los aspectos jurídicos, los tres jueces, la italiana Rosario Aitala, la japonesa Tomoko Akane y el costarricense Sergio Ugalde, han aceptado las peticiones del fiscal Karim Khan.
La reacción de Moscú: sin valor, ni siquiera legal
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún valor para nuestro país, ni siquiera desde el punto de vista legal», comentó la portavoz del Kremlin, Maria Zakharova, mientras que Kiev califica la decisión de «histórica»: «Continuamos nuestra estrecha cooperación con la Corte Penal en los casos de deportación forzosa de niños ucranianos. Más de 40 volúmenes de expedientes, más de 1.000 páginas de pruebas ya compartidas con el Tribunal», escribió en Twitter el fiscal general de Ucrania, Andrij Kostin.
Una deportación que comenzó poco después de la invasión rusa
Según las conclusiones de los jueces coordinados por Aitala, la comisaria rusa para los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, ordenó que los adolescentes y niños fueran enviados a instalaciones controladas por Moscú desde las primeras semanas tras la invasión de Ucrania, y en mayo de 2022 Putin firmó un decreto para agilizar y hacer inmediatamente operativos los trámites para que los ucranianos obtuvieran la ciudadanía rusa. Los menores serían enviados a campos de reeducación rusos y luego entregados a familias para su adopción definitiva. La orden de detención internacional se emitió porque a los jefes de Estado no se les concede inmunidad en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Los analistas internacionales son conscientes de que es prácticamente imposible ejecutar la orden de detención en estos momentos, pero es un acto que, sin embargo, restringe los movimientos del presidente ruso y abre inevitablemente nuevos escenarios en el conflicto.
El informe de la comisión de investigación de la ONU
Anteayer, 16 de marzo, también se publicó el informe de la Comisión de Investigación de la ONU, que acusa a Moscú de cometer «un número considerable de crímenes de guerra en cuatro regiones ucranianas en las primeras semanas tras la invasión rusa» y especifica cómo «las situaciones examinadas en relación con el traslado y la deportación de niños, respectivamente dentro de Ucrania y en la Federación Rusa, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra».
Una investigación de la Universidad de Yale confirma los traslados
Según un informe de un centro de investigación de la Universidad de Yale, publicado en febrero de 2023, titulado «Programa sistemático de Rusia para la reeducación y adopción de menores ucranianos», entre febrero de 2022 y enero de 2023 «más de 6.000 menores de entre 4 meses y 17 años fueron trasladados». Los investigadores identificaron «43 centros de detención y reeducación, de los cuales 12 alrededor del Mar Negro, 7 en la Crimea ocupada, 10 alrededor de las ciudades de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo, y los demás en las regiones del Lejano Oriente ruso, incluidos 2 en Siberia». El expediente especifica que «los padres fueron coaccionados, engañados con la promesa de un traslado temporal o no se les preguntó en absoluto, y los formularios de custodia se rellenaron con firmas falsas». En cualquier caso, la capacidad de los padres para dar su consentimiento efectivo se considera dudosa, porque «el estado de guerra y la amenaza implícita de las fuerzas de ocupación representan una forma de coacción constante».
Fuente: https://www.vaticannews.va/