Ante la crisis socio-política que vive el país, las Naciones Unidas observan los acontecimientos con preocupación, piden liberar de inmediato a todas las personas detenidas, entre ellas menciona a Monseñor Rolando Álvarez. A su vez, instan a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra los responsables de las violaciones documentadas
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que el gobierno del país centroamericano está cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas. Lo afirma en un informe publicado este 2 de marzo de 2023, en el que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.
Las violaciones y abusos a los derechos humanos “se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, expresó el experto independiente Jan Simon, añadiendo: “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.
Según la ONU, “el informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes”.
“El informe también señaló -se lee en el comunicado- que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores”.
“La situación sigue empeorando”
“Desde diciembre de 2018, prosigue la ONU, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior”.
“En febrero de 2023 -dice el texto- las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser ‘traidores a la patria’”. “El mismo mes, añaden, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado”.
El reporte insta al gobierno a “liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores”.
También, se exhorta a la comunidad internacional “a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional”.
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Además, en una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hace “un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones”.
Asimismo, instan a Nicaragua “a derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica”.
Fuente: https://www.vaticannews.va/