La consejera Rocío Ruiz destaca la necesidad de una actuación coordinada de los agentes públicos y privados responsables de la atención de estos niños, niñas y adolescentes
La Diputación Permanente del Parlamento ha convalidado el Decreto ley 2/2022, de 17 de mayo, para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en Ucrania «con el fin de garantizar la debida protección de la infancia y lograr un mayor impacto de la acción humanitaria», según ha explicado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.
«Estas situaciones de crisis humanitarias y grandes movimientos migratorios son un escenario muy peligroso para la proliferación del tráfico y la trata de personas menores u otras violaciones de los derechos humanos y, en este contexto, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de protección de menores«, ha subrayado Ruiz.
En este sentido, la consejera se ha referido al ofrecimiento solidario de muchas entidades y personas particulares, ya que «estos gestos y acciones de buena voluntad deben ser articuladas y coordinadas desde las instituciones públicas competentes. Todo ello justifica y acredita la necesidad de establecer y regular, con carácter urgente a través de este decreto ley, un procedimiento adecuado y adaptado a la nueva realidad para la protección de estos menores de edad que están llegando a Andalucía procedentes de Ucrania».
Dado que la estancia de estos niños, niñas y adolescentes en familias solidarias no es la medida de protección de acogimiento familiar que la legislación dispone en el Código Civil puesto que estos menores no tienen indicadores de riesgo o desprotección contemplados en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, las entrevistas e informes de las personas que se ofrecen para el acogimiento deben ser enfocados a atender a estos niños, niñas y adolescentes pero siempre bajo el prisma de la Autoridad Central de Ucrania y en el marco del ordenamiento jurídico internacional.
En este caso, el ejercicio de la guarda provisional tiene una duración de un año y se podrá prorrogar automáticamente por periodos de 6 meses durante un plazo máximo de un año, así como según derive el conflicto bélico. Por ello, se hace preciso regular el ejercicio de esta guarda provisional a través de esta norma excepcional.
Según la norma, a la Administración de la Junta de Andalucía le corresponde, entre otras funciones, velar por la adecuada atención a los menores, asumir la guarda provisional y procurar una búsqueda activa para la localización de sus progenitores o personas que ejerzan la tutela, así como de otros familiares o allegados con vinculación acreditada.
Por otro lado, el decreto ley establece que todas las personas menores de edad de nacionalidad ucraniana o que tienen su residencia habitual en Ucrania y se han desplazado a Andalucía con motivo de la guerra que no estén acompañadas de sus progenitores o personas que ejerzan la tutela deben ser registradas.
Así como que la persona o familia que tenga interés en ejercer la guarda provisional de manera solidaria deberá cumplimentar y presentar su ofrecimiento ante la entidad pública competente en materia de protección de menores de su provincia o ante una entidad colaboradora en programas de carácter humanitario. Esta deberá ser evaluada a fin de conocer si tiene la capacidad adecuada para la atención de las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes.
Conforme a ello, se priorizarán los ofrecimientos a aquellas personas o familias con nacionalidad ucraniana o que tengan dominio del idioma; a aquéllas con experiencia previa en programas de estancia temporales por razones humanitarias; y, en tercer lugar, a las propuestas por las entidades colaboradoras en materia de desplazamientos temporales.
Rocío Ruiz ha concretado que esta iniciativa se inserta en el marco de una acción coordinada del Gobierno andaluz que tiene como principales referentes dos órganos operativos y transversales: la Comisión de Coordinación de la iniciativa Andalucía con Ucrania; y el Comité Coordinador, órgano encargado de coordinar a nivel administrativo todas las actuaciones que la Junta de Andalucía está desplegando en este ámbito.
Según el último balance realizado por Naciones Unidas desde que Rusia lanzara su invasión, casi 6 millones de personas refugiadas han abandonado territorio ucraniano buscando seguridad en otros países. Igualmente, según datos de finales de abril, el Ministerio de Interior ha tramitado, resuelto y concedido un total de 74.965 protecciones temporales a personas desplazadas por la guerra en Ucrania que han buscado refugio en España, de las que el 38,44% (28.816) corresponde a menores de 18 años.
Fuente: www.juntadeandalucia.es