La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, han firmado este convenio, que supone un avance en derechos de la carrera fiscal. Según Llop, es un «ejemplo palpable de la cogobernanza entre instituciones»
En su intervención, la ministra de Justicia ha explicado que el Convenio sienta las bases del nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales para fiscales: «Como ministra, estoy convencida de que tenemos que cuidar a nuestros profesionales y reforzar derechos fundamentales como la protección de la maternidad, la salud profesional, incapacidades, descanso y conciliación corresponsable, cuestiones relativas a la seguridad social y al sistema de prevención de riesgos, y a la formación».
Esfuerzo de la Administración de Justicia
Llop también ha puesto en valor el esfuerzo que en la Administración de Justicia se ha hecho durante la pandemia de la COVID-19, y ha indicado que España «se sitúa en unos niveles de vacunación que nos permiten liderar el proceso a nivel internacional. El 91% de nuestra población mayor de 12 años está vacunada con pauta completa. Y éste, sin duda, es el primer gesto que nos ha permitido avanzar en la lucha contra el virus».
Del mismo modo, la ministra ha hecho hincapié en la importancia de la implementación del teletrabajo y la conciliación para avanzar en igualdad y corresponsabilidad que se han impulsado desde el Ministerio de Justicia: «A diario, 1.249 personas en la Administración de Justicia pueden disfrutar del teletrabajo, habiendo alcanzado la cifra récord en los últimos 12 meses de más de 8.009 usuarios que pudieron teletrabajar».
Respecto a la igualdad, Llop, que ha hecho alusión al dato de que casi el 66% de la carrera fiscal son mujeres, ha señalado que es necesario regular procedimientos específicos de protección del embarazo y el postparto; así como la adaptación de los puestos de trabajo a las características personales y a la diversidad funcional de las personas.
En relación al acoso laboral, ya sea sexual o discriminatorio, la titular de Justicia ha sido tajante al afirmar que «es obligación de la Administración actuar para prevenir su desaparición y garantizar un entorno laboral libre de acoso».
En cuanto a los problemas de salud mental, la ministra ha explicado que desde la Administraciones públicas se deben tener herramientas para abordar a tiempo y con sensibilidad estas enfermedades, «ya que hacerlo así será muy beneficioso para el profesional afectado y su entorno laboral y familiar».
Compromiso presupuestario
En su intervención, la ministra también ha hecho alusión al compromiso presupuestario de la cartera que dirige en esta etapa de la legislatura. De 757.360 euros en 2017, se ha pasado a 1.639.700 euros para 2022. «En estas cantidades se han imputado las distintas modalidades de gasto que comprende la prevención de riesgos laborales tales como la vigilancia de la salud, planes de emergencia, planes de autoprotección, evaluaciones de riesgos para los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en territorio Ministerio, para el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de Fiscales», ha explicado Llop.
Estas situaciones son algunas de las contempladas y tenidas en cuenta para la elaboración del convenio rubricado hoy por Justicia y Fiscalía en un acto al que también han asistido el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general para el Servicio Público de Justicia, Mª del Àngels García Vidal; el fiscal de Sala de la Secretaría Técnica, Álvaro García; la fiscal de la Sala de Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, Esmeralda Rasillo; y el fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es