El Ministerio del Interior ha aprobado el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA), estrategia que actualiza el plan antiterrorista aprobado en 2005, que fue revisado en 2009 y 2015
Además, este nuevo Plan incorpora las directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la Unión Europea, revisada en 2017, de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación al fenómeno de la radicalización de tipo yihadista.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de las líneas maestras de este PPPyRA a los grupos parlamentarios en una reunión mantenida en la sede del departamento, a cuyos portavoces ha señalado que «la lucha contra todo tipo de terrorismo y extremismos violentos requiere de la unidad política y social; nuestra experiencia nos enseña que el consenso político y social tejido en torno a las sucesivas actualizaciones del Plan Antiterrorista es una de las más sólidas fortalezas de nuestra estrategia».
Grande-Marlaska ha explicado que su diseño se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista, cuya principal expresión son las acciones violentas protagonizadas por los llamados ‘actores solitarios’ y por grupos o células auto-radicalizadas.
Esta realidad aconsejaba revisar las medidas contempladas en los anteriores planes antiterroristas para orientarlas de manera más eficiente a la detección y anticipación frente a este tipo de acciones, así como para articular una respuesta coordinada y eficaz en los casos de atentados.
Objetivos del plan
El ministro ha explicado que el PPPyRA mantiene los cinco actuales niveles de riesgo (Nivel 1 para el riesgo bajo – Nivel 5, de riesgo muy alto, por la inminencia de un ataque terrorista o la comisión efectiva del mismo), pero articula una nueva respuesta operativa coordinada, integral y proporcionada a los riesgos derivados de la amenaza terrorista mediante el refuerzo de la coordinación policial y con otros centros sectoriales y entidades con competencias en seguridad.
Todas las medidas incluidas en el plan están dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:
- PREVENIR, para lo que impulsa acciones preventivas destinadas a la detección, seguimiento y desactivación del fenómeno terrorista en su origen para dificultar la aparición y proliferación de procesos de radicalización.
- PROTEGER, mediante el refuerzo de los dispositivos de seguridad y de los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que reduzcan posibles vulnerabilidades y minimicen las oportunidades de comisión de ataques terroristas.
o El plan dedica especiales esfuerzos a preservar objetivos sensibles en ámbitos como las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, así como los centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante. - PERSEGUIR a las organizaciones terroristas. El plan desarrolla las capacidades policiales de análisis y valoración del riesgo, así como las de dirección y coordinación, para aprovechar mejor la labor de inteligencia que realizan las Fuerzas y cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación.
- RESPONDER a los ataques terroristas mediante una serie de procedimientos operativos de coordinación que minimicen sus consecuencias y favorezcan el restablecimiento de la normalidad.
Nuevas respuestas
Es en el ámbito de la respuesta tras un ataque o la comisión de un atentado terrorista en el que se centran las principales modificaciones del nuevo plan, que diseña nuevos procedimientos para identificar, localizar y capturar a los autores, así como para favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.
El plan prevé que, en los supuestos de atentado terrorista en España, o en el extranjero si son contra personas o intereses nacionales, se reunirán de inmediato la Mesa de Coordinación y la Mesa de Evaluación de la Amenaza. La principal novedad es que esta Mesa de Coordinación tendrá un carácter reforzado para que pueda:
- coordinar la ejecución y el desarrollo de los planes de respuesta sectorial antiterrorista,
- movilizar los recursos de cada cuerpo policial o institución participante en el plan,
- y activar los servicios de asistencia a las posibles víctimas e identificación de las personas afectadas.
La Mesa de Coordinación reforzada estará integrada por:
- La Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios.
- Representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
- Miembros del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.
- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
- La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
- La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
- Y las unidades o servicios de coordinación de crisis de los que dependan infraestructuras de transporte o de otra naturaleza cuando se considere conveniente.
Centros de gestión territorial
Se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores y la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista.
Estos centros territoriales garantizarán la actuación conjunta, cohesionada y coordinada de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de protección civil y las entidades asistenciales, en colaboración siempre con la administración autonómica y local correspondiente.
En estos centros territoriales se integrará también la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para garantizar la asistencia integral a las víctimas, de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
El PPPyRA ha sido elaborado por un grupo de trabajo del Ministerio del Interior que ha estado integrado por expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios; del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y de las direcciones generales de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y de Protección Civil y Emergencias, ambas adscritas a la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
Fuente: www.lamoncloa.gob.es