Canarias agiliza la acreditación de centros de dependencia sin rebajar controles
RedacciónLectura 2 min
El Parlamento convalida un decreto ley que busca reducir trabas administrativas; cerca del 60% de los centros vinculados a convenios insulares está pendiente de acreditación.
El Parlamento de Canarias ha convalidado el Decreto-ley 5/2026, una norma que introduce cambios para agilizar procedimientos en servicios sociales y dependencia. La consejera Candelaria Delgado defendió que la reforma pretende adaptar la gestión a la realidad del sistema sin reducir los requisitos de calidad, inspección o control público.
El dato que explica la urgencia es relevante: aproximadamente el 60% de los centros y servicios incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos se encuentra pendiente de acreditación. El Gobierno subraya que esa situación administrativa no implica necesariamente que los recursos funcionen de forma irregular, sino que refleja expedientes acumulados y un marco que considera poco adaptado a las necesidades actuales.
La Consejería ultima además un nuevo decreto de acreditación de centros y servicios sociales. Ya ha pasado por el Consejo General de Servicios Sociales y debe establecer procedimientos más modernos para incorporar recursos al sistema público. El objetivo declarado es convertir antes los derechos reconocidos en atención efectiva, evitando que la burocracia retrase plazas o servicios disponibles.
El Decreto-ley también incluye ajustes fiscales y de gestión de fondos europeos Next Generation. Entre ellos figuran cambios en el tratamiento de combustibles mezclados con biocarburantes, el mantenimiento de un tipo reducido en determinados actos jurídicos de sociedades de garantía recíproca y un tipo cero temporal del AIEM para importar dióxido de carbono hasta marzo de 2027. En fondos europeos, se adapta la legislación presupuestaria a calendarios ampliados más allá de 2026.
La norma ya ha superado el trámite de convalidación, pero su eficacia dependerá de plazos, recursos humanos, inspecciones y resultados medibles. El Gobierno sostiene que no elimina controles; esa afirmación deberá comprobarse en la aplicación práctica. Para usuarios y familias, el indicador decisivo será si se reducen tiempos y aumentan las atenciones sin deteriorar las garantías.
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Fecha: 10 de septiembre de 2026
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