Entre los encausados figuran exconcejales del PP y un exportavoz del grupo municipal socialista, así como varios empresarios, funcionarios, abogados y una exalcaldesa de Xixona (Alicante). El auto enumera diversas tramas y el cobro de comisiones ilícitas y la recepción de dádivas por cargos públicos a cambio de irregularidades en adjudicaciones
La titular de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado un auto de por el que acuerda abrir procedimiento abreviado a 38 personas investigadas por presunta corrupción en diversos contratos públicos, en el marco del denominado ‘caso Azud’.
Entre esos encausados figuran los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso G.A. y Jorge B.C., el exportavoz socialista en la misma corporación y también exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael R.M., varios empresarios, funcionarios, un cuñado y tres sobrinas de la que fuera alcaldesa de la ciudad entre 1991 y 2015, Rita Barberá.
La investigación, que la instructora concluye ahora para iniciar la fase intermedia del procedimiento como paso previo a la apertura de juicio oral, comenzó en 2016, con una denuncia presentada en Fiscalía por la Agencia Estatal Tributaria contra el abogado José María C.N., cuñado de la citada alcaldesa valenciana.
El auto recoge que las diligencias practicadas durante la instrucción de esta causa han constatado que el despacho profesional de ese letrado debía casi el 80% de sus ingresos a “pagos efectuados consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas por grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos”.
La resolución judicial, que consta de más de 300 páginas y ha sido notificada este jueves a las partes, desglosa asimismo diferentes tramas de irregularidades jalonadas por el presunto cobro de comisiones y la recepción de regalos por cargos públicos a cambio de adjudicaciones de actuaciones urbanísticas tanto en Valencia como en otras localidades de la Comunidad Valenciana, o de contratos por servicios como la limpieza y saneamiento de aguas o la ayuda a domicilio.
También refiere el pago de actos electorales para el PSOE en la campaña de 2007 como compensación a una actuación de la empresa pública Aquamed en un plan urbanístico del municipio alicantino de Xixona, y el abono de otros actos para la campaña electoral de la entonces alcaldesa de esa localidad Rosa María V.R., del PP.
En las diferentes tramas enumeradas en el auto intervinieron, según la jueza, importantes grupos empresariales como Acciona, que resultó adjudicataria en 2006 del contrato de gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de Valencia a través de una UTE.
Otro de esos conglomerados empresariales, el Grupo Axis, vinculado a uno de los principales encausados, José María F.R., intervino por su parte en diferentes operaciones urbanísticas en la ciudad a partir del año 2007 y en la contratación de un servicio de ayuda a domicilio.
La magistrada considera que se han acreditado indicios delictivos en esas operaciones, entre ellos el pago de comisiones ilícitas al despacho de José María C.N., al primer teniente de alcalde de esa época en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso G.A., al entonces portavoz del grupo municipal socialista Rafael R.M. y a otro abogado vinculado a este último partido, José Luis V.Ll.
Del mismo modo, el auto de procedimiento abreviado, que puede ser recurrido en reforma y/o apelación, también menciona otras operaciones urbanísticas en Burjassot (Valencia), Benicàssim (Castellón) o la La Vila Joiosa (Alicante).
La titular de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha denegado en esta resolución las solicitudes de sobreseimiento libre o provisional formuladas por las defensas de varios investigados, así como la práctica de nuevas diligencias de investigación, en este caso por entenderlas innecesarias.
Sí ha admitido en cambio la petición de uno de los investigados, José Luis V.LL, de recibirle declaración durante este mes de septiembre, conforme a lo que establece el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El auto notificado este jueves, que da por finalizada la fase de instrucción, establece un plazo de 10 días para la Fiscalía y el resto de acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral mediante el correspondiente escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Fuente: https://www.poderjudicial.es/