El Principado exige una negociación multilateral entre todas las comunidades autónomas y que se garanticen los recursos necesarios para la sanidad, la educación y los servicios sociales
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, rechaza la aplicación del principio de ordinalidad
El Gobierno de Asturias ha vuelto a rechazar hoy que la reforma del sistema de financiación autonómica se plantee “como un contrato de adhesión”. Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, ha reclamado una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas y ha advertido que para el Principado la aplicación de la ordinalidad supone “una línea roja”.
El principio de ordinalidad supone que cada comunidad reciba fondos en función de su aportación al sistema. Así, si una autonomía es la que más recursos inyecta, ha de ser también la que más obtenga. Como consecuencia, el orden es el mismo, tanto en las aportaciones como en la recepción de fondos. En la práctica, este principio supone un límite a la redistribución y, por consiguiente, a la nivelación y la solidaridad.
Para el Gobierno de Asturias, este planteamiento no es aceptable. Guillermo Peláez ha recordado que está expresamente rechazado en el acuerdo de los grupos parlamentarios de la Junta General como en la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades autónomas, los dos documentos de referencia del Principado en este asunto.
El Gobierno del Principado de Asturias no adoptará una decisión definitiva sobre la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica presentada hoy por el Gobierno de España hasta que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para el próximo miércoles, y se disponga de la documentación técnica completa.
Peláez ha celebrado la convocatoria del Consejo, una demanda reiterada por Asturias, y ha insistido en que la reforma “no puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una negociación bilateral”, sino fruto de “un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas de régimen común”. El consejero ha recordado que la posición del Principado se mantiene coherente con los acuerdos de la Junta General y con la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades.
En cuanto al fondo, Peláez ha defendido que el modelo debe garantizar la financiación de los servicios públicos, “poniendo el foco en las personas, no en los territorios”, y atendiendo al coste efectivo de esos servicios, especialmente en comunidades con particularidades como Asturias, marcada por la demografía y el envejecimiento. Asimismo, ha reiterado que la solidaridad interterritorial debe ser el principio rector y ha rechazado “de todo punto” el criterio de ordinalidad, que considera una línea roja.
El consejero ha reconocido que la propuesta inicial supondría 248 millones adicionales para Asturias y que incorpora avances como el reconocimiento de costes fijos en el cálculo de la población ajustada. No obstante, ha advertido que quedan aspectos por aclarar, como la distribución del fondo de nivelación horizontal y las competencias no homogéneas. “Queremos ver la foto completa cuando se nos facilite la letra pequeña”, ha afirmado.
Fuente: https://actualidad.asturias.es/