La asociación ciudadana, personada como acusación popular en diferentes casos judiciales, muestra su total rechazo a las propuestas que ha comunicado el Ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Desde Hazte Oír queremos manifestar nuestro profundo rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que está promoviendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta propuesta constituye un ataque directo a la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, al principio de igualdad y a la propia esencia del Estado de Derecho. Tal y como señaló Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, en la reciente rueda de prensa en defensa de la acusaciń popular, se trata de un movimiento muy peligroso.
La reforma de la LECrim que plantea el Ejecutivo supone un retroceso alarmante en la defensa de los derechos ciudadanos. Al centralizar la instrucción de los procedimientos judiciales en la Fiscalía, que depende jerárquicamente (y podríamos decir ideológicamente) del Gobierno – como además ya puede observarse de manera clara-, se compromete gravemente la imparcialidad y la transparencia del proceso judicial. Esta dependencia, que ya de por sí vulnera el principio de igualdad ante la ley y debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, se agravaría con esta modificación en la instrucción de las causas judiciales. Es cierto que en otros países de la Unión Europea la instrucción judicial se lleva a cabo por parte de la Fiscalía. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: en esos estados miembros, el Estatuto de la Fiscalía garantiza su total independencia del poder político. En España, esta condición no se cumple. Y desde luego, en otros países europeos el Fiscal General del Estado no está imputado por delitos de revelación de secretos. Es evidente que en nuestro país la Fiscalía General del Estado está subordinada al Gobierno, lo que pone en entredicho su capacidad para actuar de manera objetiva y justa.
La limitación de la acusación popular, como medida que también ha sido propuesta, constituye un camino hacia la impunidad, que, curiosamente, aparece cuando el Gobierno y el propio Presidente se ven acorralado por diferentes casos judiciales. Este mecanismo, la acusación popular, es una herramienta esencial que permite a los ciudadanos y a las organizaciones como Hazte Oír ejercer un control democrático sobre los abusos y excesos del poder. La limitación de este derecho, sumada a la falta de independencia de la Fiscalía, es una medida que busca generar impunidad y cercenar los derechos ciudadanos.
Se trata, sin duda alguna, de una reforma para proteger al poder y silenciar a la sociedad civil. El Gobierno quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la fase de instrucción la lleve el Ministerio Fiscal (que depende del Gobierno, es decir, del PSOE) y no jueces imparciales. Esto demuestra un claro intento de debilitar los mecanismos de control ciudadano y blindar al poder político frente a posibles responsabilidades. “Sentimos un enorme orgullo pues es palpable que les estamos haciendo tanto daño que están dispuestos a cambiar el ordenamiento procesal que ha estado vigente durante décadas y décadas con tal de pararnos. Esta reforma no es más que un reconocimiento implícito de la efectividad y relevancia de nuestras acciones” ha declarado Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír. Desde Hazte Oír, hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que se opongan a esta reforma que pone en peligro la libertad y la igualdad de todos y cada uno de los españoles así como el equilibrio de poderes que sustenta el Estado de Derecho. La defensa de la justicia y la igualdad debe prevalecer sobre cualquier intento de control político de las instituciones.
“Hoy señalan a asociaciones como Hazte Oír, mañana serán ciudadanos. Sánchez y los suyos harán todo lo que puedan hacer para lograr una impunidad que ansían. Nosotros lo tenemos claro: no vamos a ceder” ha concluido Ignacio Arsuaga.
Fuente: https://prensa.hazteoir.com/