La Agencia Tributaria impulsará este año el control sobre ciudadanos residentes en España que declaran sus rentas a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el IRNR, para rebajar artificialmente su factura fiscal, dado que además de contar con tipos impositivos más bajos que en IRPF, de esta forma únicamente tributan en nuestro país por la renta generada en él, en lugar de tener que declarar toda su renta mundial
La iniciativa de reforzar el control de esta variante del fraude de los falsos no residentes figura en las directrices generales del Plan de Control Tributario 2023 publicadas en el Boletín Oficial del Estado, donde también se incide en la necesidad de mantener la actividad de control en los supuestos de simulación de residencia en CCAA diferentes de la real, así como en la explotación de la información disponible sobre titulares reales de sociedades opacas con inmuebles residenciales de alto nivel. De igual forma, se ejecutarán planes específicos en relación con la titularidad indirecta de inmuebles por parte de no residentes, a efectos de su correcta imposición patrimonial.
Fomento del cumplimiento voluntario
Junto al habitual desarrollo de las prioridades que tendrá la Agencia Tributaria en el nuevo año en materia de control tributario, las directrices del Plan de Control señalan como una de las principales novedades para 2023 la implantación de un nuevo modelo de información y asistencia en el cual la mayoría de los servicios se presten en todos los canales y el ciudadano decida cómo quiere ser atendido, según el tipo de servicio y los recursos disponibles.
Para ello, se definirá una carta completa de los servicios que presta la Agencia y los canales de asistencia disponibles para cada uno de ellos. La carta de servicios vendrá acompañada de una nueva aplicación de cita previa en sede electrónica que utilizará un lenguaje más comprensible y que mejora su usabilidad.
También se trabajará en la potenciación y mejora de la atención presencial a las personas mayores o personas que puedan verse afectadas por la brecha digital.
Dentro del ámbito de la prevención del fraude destaca la intención de seguir reduciendo el número de no declarantes del IRPF mediante campañas de avisos durante el periodo de declaración, o la realización de un control temprano a la entrada de nuevos contribuyentes en el censo tributario y, en particular, cuando se trate de entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.
Otra de las novedades proyectadas para 2023 es la revisión de procedimientos sancionadores, especialmente en aquellos casos de presentación de autoliquidaciones sin ingresos fuera de plazo, que no ocasionan perjuicio económico a la Administración tributaria
Pagos electrónicos y economía digital
Entre las prioridades en materia de control tributario que recogen las Directrices de 2023, se encuentra el refuerzo de actuaciones en relación con titulares de actividades económicas que hacen uso de los denominados ‘pagos virtuales’, y específicamente con el empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales de suministro de información financiera.
En esta línea, se tratará de obtener información, en el marco de la normativa de la UE, sobre pagos digitales realizados a través de entidades o aplicaciones cuya sede social y servidores estén radicados en el extranjero.
Las directrices también hacen una especial referencia a la investigación del uso de las monedas virtuales, dado que, junto con las habituales menciones a la necesidad de comprobar su correcta tributación, este año se subraya la intención del Área de Recaudación de potenciar las actuaciones de localización de criptoactivos susceptibles de embargo.
A su vez, el Servicio de Vigilancia Aduanera desarrollará un plan de investigación asociado al empleo de criptomonedas en el ámbito de la economía digital con la finalidad de detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales.
Fiscalidad internacional
La labor de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y las distintas delegaciones territoriales, con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y su diseño de una ‘estrategia 360’ en materia de precios de transferencia, ha permitido intensificar en los últimos años el control sobre los riesgos fiscales que se derivan de la incorrecta fijación de los precios de las operaciones vinculadas en las multinacionales.
El número creciente de actuaciones inspectoras en este ámbito se verá reforzado con el impulso previsto de las inspecciones conjuntas con otras administraciones tributarias y complementado con una búsqueda del cumplimiento a largo plazo mediante la firma de acuerdos previos de valoración.
Asimismo, se mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de determinados territorios, regímenes fiscales o estructuras, y que sean o puedan ser replicadas o estandarizadas para su uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.
Lucha contra la economía sumergida
La Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Así, se impulsarán las tradicionales visitas o ‘peinados’ fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles.
En el marco de la nueva normativa sobre prohibición del software de ocultación de ventas, también se desplegarán planes específicos enfocados a la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, así como a verificar la consistencia de los programas informáticos con la normativa de aplicación.
Aprovechamiento indebido de créditos fiscales
Junto con otras actuaciones de atención preferente que vienen figurando en las Directrices de años anteriores, como aquellas dirigidas a evitar el uso abusivo de la personalidad jurídica para canalizar rentas y desviar gastos de personas físicas, o las referidas a la comprobación de entidades instrumentales para la emisión de facturas irregulares a utilizar por sociedades operativas, la Agencia incidirá nuevamente en la comprobación de bases imponibles negativas, créditos fiscales en base o cuota pendientes de compensar o de aplicar.
Destaca el análisis de estructuras como las Agrupaciones de Interés Económico en aquellos supuestos en que hayan servido como vehículos para trasladar y comercializar beneficios fiscales a terceros inversores. Este análisis y comprobación se extenderá a los partícipes o socios de las entidades interpuestas y especialmente se atenderá a la venta en serie de estas estructuras de aprovechamiento de beneficios fiscales, cuando se aparten de la ley, sean claramente abusivas o se basen en presupuestos de hecho simulados o artificialmente inflados.
En todo caso, la Agencia velará por que la aplicación de las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades estén ligadas al desarrollo de actividades reales dirigidas a los fines previstos en la norma, así como por que los importes que se hayan aplicado como bases de la deducción se correspondan con los gastos efectivamente incurridos en su ejecución, evitando el abuso en el posible traslado de beneficios fiscales a los financiadores de las actividades que la normativa pretende fomentar.
Nuevas figuras
Las directrices también subrayan que la Agencia Tributaria será el órgano encargado de poner en marcha este año los dos nuevos gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. La Agencia asumirá, por lo tanto, las competencias de exacción, gestión, comprobación y recaudación respecto de esos dos gravámenes temporales, a pesar de tratarse de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, y ejercerá las competencias que le son propias respecto del impuesto temporal de grandes fortunas.
Investigaciones conjuntas y Fiscalía Europea
Tanto para el área de tramas de IVA de la Oficina Nacional de Investigación y Fraude, la ONIF, como para las investigaciones de los fraudes más graves en materia aduanera, se impulsarán todas las posibilidades que ofrece la creación de la Fiscalía Europea, órgano supranacional penal que está suponiendo un auténtico avance en la realización de investigaciones conjuntas con otros países de la Unión Europea.
Represión del contrabando y el narcotráfico
En relación con la prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales, durante el año 2023 el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desarrollará actuaciones encaminadas a la neutralización de las actividades de delincuencia organizada, actuando de manera integral contra las estructuras logísticas, financieras y patrimoniales de las redes criminales.
En el ámbito de la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, se trabajará en la implementación de nuevas tecnologías que permitan monitorizar y detectar los comportamientos anómalos de las embarcaciones dedicadas a los tráficos ilícitos por vía marítima. A su vez, se continuará con la actividad operativa en relación con la cadena de suministro de las ‘narcolanchas’ y, en el caso del comercio irregular de tabaco, se esperan avances en el ámbito de la prevención a partir del desarrollo de las normas de control sobre el tabaco crudo y su régimen sancionador.
A su vez, en lo relativo a la protección frente al comercio desleal o ilícito, se explorarán las posibilidades de aplicación de herramientas avanzadas de análisis de datos al mundo de la detección del contrabando en la paquetería postal.
Control del fraude en fase recaudatoria
Junto con la extensión del análisis de riesgos recaudatorios a nuevas manifestaciones patrimoniales, las Directrices de 2023 subrayan la importancia del refuerzo de la cooperación internacional para el cobro de créditos tributarios mediante una mayor explotación de los intercambios de información con otras administraciones y el perfeccionamiento de herramientas que permitan realizar una selección de deudores con signos de riqueza en el exterior, especialmente en el ámbito de la UE.
Al mismo tiempo, se mantienen prioridades permanentes en el ámbito de Recaudación, como la toma de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, la adopción de derivaciones de responsabilidad para afianzar el cobro efectivo de las deudas, o la vigilancia de los deudores condenados por delito, y también se potenciará, especialmente en el ámbito de los grandes deudores, la utilización de herramientas avanzadas de tratamiento y análisis de datos para detectar de forma ágil y eficiente patrones de fraude recaudatorio complejo sobre los que enfocar y dirigir las actuaciones.
Fuente. https://www.lamoncloa.gob.es/