Negociaciones de Administración Chaves Robles con Estados miembros de la Unión Europea (UE) y presentación de proyecto de ley de reforma integral al impuesto sobre la renta evitarían medidas que golpeen atracción de inversiones e imagen del país.
Costa Rica sería incluida en la lista negra de la Unión Europea (UE) de países y territorios no cooperantes en materia fiscal, a partir del 14 de febrero de 2023, luego de la votación por parte del Consejo ECOFIN, conformado por los ministros de finanzas de los países miembros de la UE.
Esta decisión se daría luego de que el Grupo del Código de Conducta de la UE recomendara el ingreso del país a esa lista, debido al incumplimiento con el compromiso adquirido por la anterior administración, de reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales antes del 31 de diciembre del 2022.
Según los lineamientos de la Unión Europea, las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar que se dé una “competencia desleal” entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición.
¿Cuál es el origen de los hechos que la Unión Europea tomó en cuenta para afirmar que el país incumple con sus estándares?
Cuando Sergio Alfaro Salas, ministro de la Presidencia durante la administración Solís Rivera asumió la representación de Costa Rica ante la Unión Europea, durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron excluidos de las conversaciones entre nuestro país y el Código de Conducta de la UE.
Los señalamientos de ese ente, en cuanto a las reformas tributarias requeridas para enmendar el sistema de imposición sobre la renta costarricense, fueron abordados por el señor Alfaro Salas, a título personal con el exministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.
En el mes de abril de 2022, el exministro Villegas Valverde se comprometió a presentar un proyecto de ley por el cual se establecería el gravamen de las rentas pasivas extraterritoriales al 30 de agosto de 2022, y a que éste estuviese aprobado por la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre de 2022, cuando no es competencia del Poder Ejecutivo, hacerlo. Evidentemente, tales plazos no correspondían a la administración pasada y las autoridades de los ministerios atinentes nunca fueron notificadas de estas decisiones.
Aunque este tipo de decisiones conlleva consultas con todas las partes interesadas, ni el sector empresarial ni la Asamblea Legislativa, fueron enterados de lo que sucedía, por lo que las acciones se limitaron a solo dos actores políticos.
Las solicitudes de renegociación del compromiso y ampliación de plazos de cumplimiento fueron iniciadas por las autoridades de esta administración en agosto de 2022.
Desde esa fecha, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el de Comercio Exterior (COMEX), Manuel Tovar Rivera y el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, han estado en constante comunicación con autoridades europeas, pero todas las solicitudes fueron rechazadas, al alegar esas autoridades que el Gobierno anterior comprometió al país.
Gobierno Chaves Robles toma acciones para mitigar el impacto de medidas contra el país
La posición del ente internacional sería contundente: Mientras no se enmiende el régimen de rentas pasivas extraterritoriales por ley, Costa Rica se mantendría en la lista negra. Sin embargo, la UE tiene claro que nuestro país, está comprometido en promover las adaptaciones de legislación nacional para establecer el gravamen de las rentas pasivas extraterritoriales, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este proyecto será presentado en el mes de marzo de 2023.
El compromiso reiterado por el actual Gobierno ante la UE y los Estados miembros evitaría que se apliquen sanciones automáticas que perjudiquen al país y la inversión de capital europeo ante el inminente ingreso de Costa Rica a la lista negra. Así mismo, las autoridades del gobierno trabajarán de cerca con el Código de Conducta para establecer un cronograma y un plan de acción que le permita al país salir de la lista en el próximo mes de octubre.
Es importante agregar que los actuales ministros de Hacienda, COMEX y la Presidencia, se reunieron con diputados para informarles sobre esta situación. Además, el ministro Acosta Jaén sostuvo encuentros con cámaras empresariales, actores tributarios privados, así como con ministros de finanzas europeos para comunicar sobre lo que podría ocurrir y la ruta a seguir. Por su parte, el Canciller, Arnoldo André Tinoco contactó a sus homólogos de la Unión Europea para buscar acuerdos.
Aunque no se puede asegurar que se evitarán las sanciones por parte de todos los Estados miembros de la UE, el Gobierno Chaves Robles sí está haciendo las coordinaciones para que el impacto sobre la inversión sea el menor posible.
Fuente: https://www.presidencia.go.cr/